La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, está en el centro de una investigación judicial por presunta prevaricación en la adjudicación de obras en centros de Formación Profesional entre 2021 y 2023. La Fiscalía ha detectado «una grosera y palmaria omisión del procedimiento» en un entramado de contratos sin concurso y facturas fraccionadas.
Un sistema opaco de adjudicaciones
El subdirector de FP cesado en marzo de 2024, Alfonso Mateos, señalado inicialmente como el principal responsable del escándalo, ha declarado ante el fiscal que esta práctica ya existía cuando llegó al cargo en 2017. Su testimonio implica a diversos departamentos de la Consejería de Educación y altos cargos del Gobierno regional, entre ellos el entonces consejero Enrique Ossorio y la viceconsejera Rocío Albert.
Las investigaciones revelan que, para llevar a cabo las obras, se elaboraban memorias de necesidades que pasaban por distintos estamentos hasta obtener el visto bueno del consejero de Educación. Una vez aprobado, la Intervención General de la Comunidad de Madrid liberaba los fondos a las direcciones de Área Territoriales, que canalizaban los pagos a los institutos.
Fraude millonario con facturas fraccionadas
Las obras adjudicadas superaban los 50.000 euros, umbral que obliga a someterlas a concurso público según la Ley de Contratos del Sector Público. Sin embargo, se optó por dividir los presupuestos en facturas menores para evitar los procedimientos legales, permitiendo la adjudicación directa de contratos. Se han identificado proyectos en institutos como el IES San Blas, Ignacio Ellacuría, Isaac Peral y Antonio Machado, con un coste total que podría superar los cuatro millones de euros.
El papel de la Consejería y la investigación judicial
La Consejería de Educación, actualmente dirigida por Emilio Viciana, inicialmente atribuyó la responsabilidad exclusiva a Mateos y otros funcionarios, expedientando a una decena de directores de centro y administrativos. Sin embargo, la Fiscalía ha ampliado el foco, sugiriendo que el escándalo involucra a niveles superiores de la Administración.
Un informe del interventor general del 16 de mayo de 2024 señala que algunas obras debieron ser aprobadas en el Consejo de Gobierno de Ayuso, pero nunca se presentaron oficialmente. La Fiscalía concluye que se trata de un entramado administrativo irregular, con adjudicaciones a diversas empresas sin garantías de libre competencia.
Preguntas sin respuesta
La investigación judicial busca esclarecer quién ordenó este sistema y cómo se articuló la distribución de fondos desde la Consejería hasta los institutos. Aunque las primeras acusaciones apuntaban a funcionarios de nivel intermedio, el Ministerio Fiscal ha descartado, por el momento, imputar a directores de centro y docentes implicados.
El Gobierno de Ayuso no ha respondido a las solicitudes de información sobre este escándalo. Entretanto, la oposición exige explicaciones y depuración de responsabilidades ante lo que califican como «una trama de corrupción institucionalizada» en la Educación madrileña.
