Frente a recientes brotes y el sacrificio de más de 2,5 millones de aves, el Ejecutivo español ha decidido no emplear vacunas avícolas, alegando que podrían dificultar la detección del virus al enmascarar su existencia.
Durante los últimos meses, se ha observado una elevada actividad del virus de la gripe aviar (H5N1) en producciones avícolas y aves domésticas dentro de España. Aunque existen vacunas para determinadas cepas, las autoridades han optado por no aplicarlas en las aves nacionales.
El motivo principal radica en que la vacunación actualmente protege contra la enfermedad clínica pero no erradica por completo la infección ni impide la transmisión. Por ende, las aves vacunadas podrían portar el virus sin síntomas visibles, lo que facilitaría su circulación oculta.
Como medida alternativa, se han intensificado protocolos de control, como el confinamiento obligatorio del ganado avícola en múltiples municipios, la restricción en el uso de ciertos recursos hídricos que puedan entablar contacto con aves silvestres, y el aumento de la supervisión en las explotaciones.
El Gobierno sostiene que esta táctica permite conservar la trazabilidad y el seguimiento de los focos, optimizando la vigilancia epidemiológica. Sin embargo, algunos sectores avícolas han manifestado inquietudes respecto a los costes derivados de los sacrificios masivos, las pérdidas económicas y la dificultad de controlar reservorios naturales.
Además, la circulación asintomática del virus podría representar un riesgo de que ocurra una mutación o recombinación que facilite su adaptación a humanos, aunque hasta ahora no se han detectado casos asociados a esta variante en España.
En definitiva, España se inclina por una estrategia que combina vigilancia activa, medidas de bioseguridad reforzada y sacrificios selectivos, en lugar de la vacunación preventiva. Aunque esta decisión cuenta con apoyo desde la perspectiva epidemiológica, también genera debate sobre la viabilidad económica y la necesidad de ampliar los planes de prevención.
