El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), perteneciente al Consejo de Europa, ha vuelto a manifestar su preocupación por el escaso progreso de España en la implementación de sus recomendaciones para combatir la corrupción.
En su informe más reciente de seguimiento, GRECO señala que las medidas propuestas no se han ejecutado de manera satisfactoria y reitera la necesidad de restringir los aforamientos y establecer una regulación efectiva para la actividad de los grupos de presión o lobbies.
El organismo destaca una falta de compromiso político para completar las reformas, en especial en lo relativo a la transparencia dentro del Parlamento y los mecanismos de rendición de cuentas. Además, indica que algunas modificaciones legales esenciales permanecen pendientes a pesar de haber sido sugeridas hace varios años.
La crítica de GRECO, aunque reiterada, mantiene un tono firme: España continúa rezagada frente a otros países europeos en términos de integridad pública. El informe enfatiza la urgencia de implementar normas claras que controlen posibles conflictos de interés y refuercen la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
