El domingo, las autoridades estadounidenses detuvieron el buque Bella 1, registrado bajo bandera guyanesa y propiedad de una compañía panameña, cuando se acercaba a las costas de Venezuela. Este hecho se suma a la confiscación del superpetrolero Centuries un día antes, en el marco de la llamada Ofensiva Lanza del Sur, según informó Reuters.
El Bella 1 está incluido en la lista de embarcaciones sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Poco antes, Pete Hegseth, secretario de Defensa estadounidense, afirmó que la política de Washington para ejercer presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro «seguirá hasta que la red criminal de Maduro devuelva todos los activos estadounidenses apropiados. La violencia, el narcotráfico y el desorden no prevalecerán en el hemisferio occidental».
Por su parte, la Casa Blanca indicó que el Centuries, que transportaba 1.9 millones de barriles de petróleo con destino a China, operaba con bandera falsa como parte de la llamada “flota fantasma” venezolana, utilizada para traficar crudo con el fin de financiar al régimen de Maduro. «El buque cisterna movilizaba petróleo de Petróleos de Venezuela (PDVSA), una empresa sancionada», declaró Anna Kelly, portavoz de la Administración Trump.
Estados Unidos ya había actuado de manera similar hace 11 días, cuando confiscó el petrolero Skipper, cargado con crudo venezolano y tripulación rusa, mientras se dirigía a Cuba.
El gobierno venezolano calificó la acción como un «robo y secuestro de un barco privado» y denunció la desaparición forzada de su tripulación. La organización Foro Penal reporta que en Venezuela hay 902 prisioneros políticos, de los cuales aproximadamente un centenar se encuentran en desaparición forzada desde hace meses.
En respuesta, Irán ofreció cooperación al gobierno venezolano para enfrentar lo que denominó “piratería y terrorismo internacional”. Mientras tanto, las fuerzas venezolanas escoltaron al Centuries hasta aguas internacionales, sin poder impedir su incautación cerca de Barbados.
El gobierno de Venezuela anunció que presentará el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU en la reunión del próximo martes, advirtiendo que «estos hechos no quedarán sin consecuencias».
