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Exdirigentes denuncian al líder de Jucil por presunta malversación y fraude

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Cinco exdirectivos acusan a Ernesto Vilariño de utilizar fondos de la asociación para gastos personales y alterar registros contables, en medio de una crisis interna que sacude a la agrupación mayoritaria de la Guardia Civil.

Cinco exdirigentes de la agrupación Jucil han presentado una denuncia en los juzgados de León, en la que acusan al actual secretario general, Ernesto Vilariño, de cometer actos de apropiación indebida, administración desleal y fraude. Según la denuncia, Vilariño habría utilizado dinero de la asociación para sufragar gastos personales, alterado los registros contables y ocultado información relevante sobre el estado financiero de Jucil, lo que ha desencadenado una profunda crisis interna en la entidad.

Detalles de las irregularidades denunciadas

Los denunciantes señalan que el dirigente habría hecho uso de la tarjeta corporativa de Jucil para cubrir gastos personales en hoteles, restaurantes y comercios no vinculados a las actividades de la asociación. Además, se acusa a Vilariño de manipular los registros contables para justificar dichos gastos, duplicando partidas en conceptos como repostajes y comidas, o incluso omitiendo ciertos gastos en los informes oficiales, dificultando así la fiscalización de las cuentas.

Uno de los casos más destacados, según la denuncia, se remonta a un viaje a Sevilla en octubre de 2022. En dicho viaje, se imputaron a la asociación 515,47 euros por concepto de alojamiento y comidas, registrados erróneamente como “reuniones”, a pesar de no constar en ninguna documentación que se hubiese celebrado una reunión oficial en la ciudad. Asimismo, se han denunciado otras operaciones irregulares, como una compra en Joyería Diamant por 20 euros registrada bajo el concepto de “manutención”, y un pago en un restaurante madrileño de 235,52 euros sin el correspondiente registro contable, a pesar de que los asistentes abonaron en metálico directamente al secretario general.

Reclamaciones ante la justicia

Los exdirigentes han solicitado al Juzgado de Instrucción de León la declaración de Ernesto Vilariño en calidad de denunciado, así como la entrega de los libros contables y facturas correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024 para un análisis minucioso. Además, se pide investigar posibles cobros irregulares de dietas por parte de miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Jucil, solicitando que se libre oficio a la Dirección General de la Guardia Civil para certificar si han solicitado dietas con ocasión de sus comisiones de servicio en Madrid.

Asimismo, se insta al juez a que declare testigos que puedan aportar información sobre la gestión económica de la asociación y adopte medidas cautelares para evitar la posible destrucción de documentos o la manipulación de pruebas durante la instrucción del caso.

Un conflicto interno que se intensifica

La denuncia se produce en un contexto de agitación interna en Jucil. En diciembre de 2024, más de 20 secretarías provinciales exigieron la dimisión del Comité Ejecutivo Nacional por su “falta de transparencia” y reclamaron una reforma estatutaria que permitiera destituir a la dirección de manera efectiva. “No podemos permitir que los fondos de una asociación que representa a los guardias civiles sean utilizados sin control ni justificación. Exigimos que se esclarezcan los hechos y que los responsables asuman sus consecuencias”, declararon los exdirigentes.

Por su parte, Jucil ha rechazado rotundamente estas acusaciones. La agrupación recordó que el pasado 28 de febrero de 2025 presentó querellas ante los juzgados de instrucción de León contra varios secretarios y exsecretarios provinciales por presuntos delitos de calumnias, injurias graves y revelación de secretos. Además, el propio Ernesto Vilariño interpuso una querella contra esos mismos individuos, incluyendo el delito de coacciones. Jucil subrayó su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la legalidad, confiando en que la justicia aclarará los hechos y restaurará la honorabilidad de la asociación y de su secretario general.

El caso, que ha generado un intenso debate en el seno de la institución, continuará desarrollándose en las próximas semanas y se espera que se produzcan nuevas actualizaciones conforme avance la investigación.

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