El Real Decreto sancionado el 20 de marzo ha provocado un enfrentamiento legal entre el Gobierno y el sector inmobiliario. Mientras Sumar insiste en que los inquilinos aseguren sus contratos, los especialistas señalan la falta de certeza jurídica si la norma no recibe luz verde en el Congreso.
La reciente aprobación de una prórroga extraordinaria en los alquileres por un período de hasta dos años ha ocasionado gran cantidad de dudas y consultas. Esta medida, promovida por dirigentes como Yolanda Díaz y Pablo Bustinduy, pretende proteger a los arrendatarios frente a la conclusión anticipada de sus contratos, aunque su vigencia depende de una votación parlamentaria que se anticipa desfavorable.
¿Qué contratos pueden solicitar la extensión?
Conforme al decreto activo desde el 22 de marzo de 2026, los arrendatarios de vivienda habitual están facultados para pedir esta prolongación si su contrato concluye entre esa fecha y el 31 de diciembre de 2027.
- Duración: Se autoriza la prórroga anual hasta un máximo de dos años.
- Condiciones: Las rentas y cláusulas del contrato inicial permanecen sin cambios.
- Obligatoriedad: El Ministerio de Consumo ha requerido a fondos e inmobiliarias con más de 100.000 viviendas que acepten las solicitudes de prórroga cuando el inquilino la demanden.
El conflicto: ¿Qué ocurre si el Congreso rechaza el decreto?
Este es el principal foco de controversia legal. El decreto debe ser ratificado en un plazo de 30 días. Si no consigue el respaldo necesario (como se prevé), se crea un escenario incierto:
- Posición del Gobierno: Afirman que cualquier solicitud tramitada mientras el decreto esté vigente (desde el 22 de marzo hasta su posible anulación en el BOE) se considerará válida, siempre que el contrato expire antes de finalizar 2027.
- Opinión de los expertos: Juristas y entidades como la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) puntualizan que la prórroga solo resulta incontestable para contratos cuyo vencimiento ocurra efectivamente durante la vigencia del decreto. Si la norma es derogada y el contrato finaliza posteriormente, el propietario podría rechazar la extensión alegando la desaparición de la regulación.
¿En qué casos puede el propietario oponerse?
A pesar de la insistencia gubernamental, existen situaciones en que el arrendador no está obligado a conceder la prórroga:
- Anulación parlamentaria: Si el Congreso no ratifica la norma, los contratos que terminen después de esa decisión perderían, según opiniones legales, el derecho a la prórroga automática.
- Necesidad del inmueble: Aunque la regulación actual es restrictiva, los propietarios que requieran la vivienda para uso propio o de familiares directos (bajo supuestos contemplados en la LAU) podrían oponerse.
- Acuerdo previo: En caso de que ya se haya firmado una renovación o un nuevo convenio antes de la solicitud de prórroga.
Recomendaciones para ambas partes
Ante la probabilidad de disputas de carácter ideológico, los especialistas sugieren lo siguiente:
- Inquilinos: Presentar la petición por escrito (preferentemente mediante burofax) cuanto antes para dejar constancia de haber solicitado la prórroga dentro del periodo de vigencia del Real Decreto.
- Propietarios: Responder formalmente a todas las solicitudes. Si se estima que el decreto será rechazado, el arrendador debe manifestar claramente la negativa a extender contratos que finalicen tras la derogación, manteniendo así la fecha de vencimiento original.
