El Consejo de Ministros ha acordado aprobar los criterios técnicos para prorrogar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, prolongando su validez hasta el año 2026. Esta decisión representa la última iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez frente a la ausencia de un nuevo proyecto presupuestario que atienda las demandas económicas nacionales.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Hacienda, esta extensión se basa en el artículo 134 de la Constitución Española, que estipula que si no se presenta una nueva Ley de Presupuestos antes del 1 de enero, las cuentas públicas del ejercicio anterior se mantienen vigentes de forma automática. También señala la responsabilidad del Ejecutivo de presentar anualmente los PGE ante el Congreso de los Diputados.
Este episodio marca la undécima vez en la historia democrática de España que se prorrogan los presupuestos. Anteriormente, se han producido prórrogas en años como 1978, 1982, 1995, 2011, 2016, 2017 y dos en 2018. En este caso, se trata de la tercera prórroga relacionada con los presupuestos de 2023, en un contexto de fragmentación parlamentaria y dificultades del Gobierno para obtener respaldo político.
Respecto al límite de gasto, el Ejecutivo ha establecido un techo de gasto no financiero para 2026 que alcanza los 216.177 millones de euros, cifra sin precedentes. Este límite también define una senda para el déficit y la deuda pública, a pesar de la oposición del Congreso. El plan fiscal a medio plazo, enviado a Bruselas el año pasado tras su rechazo por parte del Congreso, entrará en vigor, restringiendo el margen de gasto de las comunidades autónomas mientras facilita la actuación de la Administración Central.
Las previsiones sobre el déficit público son alentadoras, con un descenso esperado desde el 2,1% en 2026 hasta el 1,8% en 2027 y el 1,6% en 2028. En cuanto a la deuda pública, se estima que se situará en el 100,9% del PIB en 2026, bajando al 100% en 2027 y al 99,1% en 2028. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado que los presupuestos para 2026 serán «expansivos y responsables», con la intención de ser percibidos como una necesidad por la población.
En términos fiscales, el déficit público se ha reducido al 0,61% del PIB en octubre, mientras que la deuda del Estado se ha situado en un 1,86% durante los primeros diez meses del año. Esta mejora refleja un avance en la gestión financiera del país, con posibles efectos positivos en la percepción ciudadana sobre la administración gubernamental.
Asimismo, el Gobierno está centrando esfuerzos en la absorción de los fondos procedentes del programa Next Generation. El 16 de septiembre se aprobó un componente destinado a implementar proyectos que fortalezcan la capacidad de España para afrontar eventos meteorológicos con impacto económico. Esta estrategia busca invertir tanto en infraestructura como en la resiliencia económica.
Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó el 9 de diciembre modificaciones destinadas a agilizar los procesos de verificación y ejecución relacionados con el uso de estos fondos europeos. Estas medidas pretenden reducir la carga burocrática y optimizar los recursos disponibles, anticipándose al cierre del mecanismo de recuperación europeo en agosto de 2026. De forma transitoria, hasta la aprobación de nuevos PGE, los créditos prorrogados se ajustarán para cumplir con el plan de recuperación durante 2026.
