El Partido Popular ha dejado atrás sus reservas y comienza a asumir los acuerdos con Vox como algo habitual en la política. Los resultados de las elecciones autonómicas en Extremadura han sido el catalizador de un cambio estratégico que ya se venía desarrollando en la formación conservadora: la normalización de la colaboración con la extrema derecha, presentada ahora como un socio legítimo y necesario para gobernar.
En Extremadura, las urnas han situado nuevamente a Vox como un actor determinante. La suma de PP y Vox alcanzó aproximadamente el 60% de los votos, lo que la dirección popular interpreta como un mandato claro de los electores. Frente a posiciones previas más cautelosas, Génova ha decidido expresar abiertamente que los acuerdos con el partido de Santiago Abascal no solo no perjudican electoralmente, sino que pueden ser beneficiosos.
Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, ha sido una de las voces más explícitas en esta nueva postura. “El temor a la derecha ha dejado de funcionar”, afirmó recientemente, destacando que en Extremadura ya hubo un Gobierno compuesto por PP y Vox que logró un respaldo electoral aún mayor. Según su análisis, los ciudadanos extremeños demandan políticas de corte conservador y castigaron duramente al PSOE, que descendió hasta el 26% de los votos.
Este cambio también implica una modificación de prioridades: el PP descarta solicitar la abstención del PSOE y concentra su estrategia en un acuerdo con Vox. La instrucción es interpretar claramente el mensaje de las urnas, que para los populares es inequívoco. La caída del PSOE se considera una señal de que el discurso de alerta contra la extrema derecha ya no moviliza a la izquierda.
Esta nueva línea contrasta con el compromiso asumido por Alberto Núñez Feijóo en el congreso nacional del PP celebrado en julio, cuando aseguró que no gobernaría en coalición con Vox y defendió la importancia de gobiernos en solitario. Esa promesa, diseñada para atraer al electorado moderado, se ve ahora debilitada por la defensa explícita del entendimiento con Vox en Extremadura.
En el círculo de Feijóo sostienen que los resultados en Extremadura desmontan la creencia de que los pactos con la extrema derecha perjudican al PP. Destacan además el triunfo de María Guardiola, que obtuvo más del 43% de los votos y se posiciona entre los presidentes autonómicos con mayor respaldo en España. Añaden a esto el crecimiento simultáneo de PP y Vox y la baja participación, la menor registrada en la comunidad.
Incluso dentro del partido, sectores tradicionalmente moderados empiezan a considerar que incluir a Vox en los gobiernos podría implicar desgaste. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha manifestado que la extrema derecha perderá influencia cuando asuma responsabilidades de gestión.
No obstante, el acuerdo presenta desafíos. Vox ha vuelto a proponer su paquete de 200 medidas, muchas rechazadas previamente por Guardiola, que incluyen la derogación de la ley LGTBI de Extremadura, la supresión de subvenciones a sindicatos y organizaciones sociales y modificaciones en la regulación del aborto. Además, las relaciones entre ambos partidos están tensas tras recientes enfrentamientos a nivel nacional.
Desde Génova confían en que Vox no presione excesivamente en la negociación y se limite a facilitar la investidura, aunque saben que el coste del apoyo podría afectar futuras elecciones. El pacto en Extremadura se negocia en un contexto marcado por la proximidad de los comicios en Aragón, lo que obliga a ambos partidos a medir cuidadosamente sus movimientos.
En conjunto, la dirección del PP parece decidida a iniciar una nueva etapa. La derrota del PSOE en una región históricamente favorable a la izquierda ha reforzado la idea de que el entendimiento con Vox ya no es una carga, sino un elemento más dentro de la matemática política. Extremadura, con solo seis escaños en el Congreso, se convierte en un laboratorio para un cambio de rumbo con implicaciones a nivel nacional.
