La Fiscalía de Badajoz ha presentado un recurso solicitando la revocación del auto de imputación contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y otros implicados en un caso de presuntos delitos contra la Administración Pública y la Hacienda Pública. La petición se centra en la necesidad de especificar los ‘hechos concretos’ que justifican la investigación.
El pasado 27 de noviembre, la jueza Beatriz Biedma del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz llamó a declarar como investigados a Sánchez Pérez-Castejón, director de la Oficina de Artes Escénicas, y a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE de Extremadura, junto con otras siete personas.
En un escrito fechado el 2 de diciembre, al que ha tenido acceso RTVE, la fiscal Begoña García argumenta que no existe en la causa una singularización de comportamientos con relevancia penal para cada uno de los investigados, lo cual considera esencial para su defensa. Según la fiscal, esta omisión debe ser resuelta antes de las declaraciones previstas para el 9 de enero.
La fiscal subraya que el auto recurrido se limita a acordar las declaraciones de los investigados para garantizar el derecho de defensa, pero no expone los indicios existentes ni los delitos específicos por los que se les investiga. La referencia genérica a ‘delitos contra la Administración Pública’ no satisface el derecho de defensa, según la Fiscalía.
La Fiscalía insiste en que los investigados deben conocer la ‘naturaleza y causa’ de la acción ejercida contra ellos y los ‘hechos’ que se les atribuyen. Por ello, solicita la revocación del auto para determinar los hechos concretos de imputación para cada investigado.
Además de David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, han sido citadas a declarar otras siete personas: Elisa Moriano Morales, Cristina Núñez Fernández, Juana Cintas Calderón Zazo, Manuel Candalija Valle, Félix González Márquez, Emilia Parejo Gala y Francisco Martos Ortiz, todos ellos vinculados a la Diputación de Badajoz.
También se ha citado a declarar como testigos a Evaristo Valentí, exdirector del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil de Badajoz, Rosario Mayoral, actual directora de este centro, y Yolanda Sánchez, directora del Conservatorio Profesional de Música Juan Vázquez de Badajoz.
Para ratificar y aclarar aspectos del informe presentado por la Agencia Tributaria, se ha llamado como testigos-peritos a María Encarnación Cabezas Martín, inspectora Regional de Extremadura, Emilio Hurtado Valiño, jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura, y Clara Isabel Santos Diéguez, delegada Especial de la AEAT de Extremadura.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la claridad en los procedimientos judiciales, especialmente cuando se trata de delitos que afectan a la Administración Pública. La solicitud de la Fiscalía busca asegurar que los derechos de los investigados sean respetados y que el proceso judicial se lleve a cabo con la máxima transparencia y precisión.
