El Ministerio Público solicita también siete años de libertad vigilada y una compensación económica de 64.000 euros para la víctima por los hechos ocurridos el pasado verano.
El futuro judicial del futbolista Rafa Mir, actualmente jugador del Elche CF, se complica tras la solicitud formal de condenas por parte de la Fiscalía. El Ministerio Público ha presentado su escrito acusatorio pidiendo una pena de diez años y seis meses de prisión para el delantero murciano, al considerarlo responsable de un delito de agresión sexual agravada.
Los acontecimientos datan de la madrugada del 1 de septiembre pasado, y han derivado en una petición penal de las más severas dirigidas a un futbolista profesional en activo en España bajo la legislación vigente.
Medidas adicionales e indemnizaciones
Además de la pena de prisión, la Fiscalía ha pedido medidas complementarias para asegurar la protección de la víctima y supervisar la reinserción del deportista:
- Libertad vigilada: Se solicita un período de siete años de supervisión judicial posterior al cumplimiento de la condena carcelaria.
- Indemnización: La Fiscalía exige que Mir compense a la víctima con 64.000 euros por daños morales y lesiones sufridas.
- Órdenes de alejamiento: Se prevé que se incluya la prohibición de comunicación y acercamiento a la denunciante por un tiempo mayor al de la pena de prisión.
Contexto del caso
Rafa Mir, actualmente cedido por el Sevilla FC al Elche, fue detenido tras la denuncia presentada por dos mujeres que acudieron a su domicilio después de una noche en una discoteca de Valencia. Mientras que un amigo del futbolista implicado enfrenta cargos por un presunto delito de abusos, la acusación contra Mir se mantiene en grado de agresión debido a la gravedad de los hechos relatados por la principal denunciante.
Desde que salió a la luz el caso, el entorno del jugador ha defendido su inocencia, sosteniendo que las relaciones fueron consentidas. No obstante, tras la instrucción del caso, la Fiscalía entiende que existen indicios suficientes de violencia o intimidación que fundamentan la solicitud de la pena de más de diez años de prisión.
