La Fiscalía ha pedido cinco años y seis meses de prisión para José María García Urbano, alcalde de Estepona y miembro del PP, por supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos debido a la contratación como personal eventual de una mujer con quien mantenía una relación sentimental.
El Ministerio Público, en un documento al que ha accedido EFE, señala que en 2023 el alcalde contrató a esta persona con el conocimiento de que no realizaría labores laborales. Pese a ello, ella recibió dos nóminas que sumaron 5.276 euros (1.634 y 3.642 euros, respectivamente), cantidad que la Fiscalía considera cobrada sin que hubiera prestación alguna a cambio.
La Fiscalía pide iniciar juicio oral tanto contra el regidor como contra la mujer, para la que solicita tres años y medio de prisión por ser cómplice necesaria en el delito de malversación. Además de la pena de cárcel, se reclama para García Urbano una inhabilitación especial para ocupar cargos o empleos públicos y para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante diez años.
En cuanto a la responsabilidad civil, se demanda que el alcalde devuelva al Ayuntamiento de Estepona los 5.276 euros que recibió la mujer, en caso de que no se confirme el ingreso del cheque emitido por el propio García Urbano meses atrás por ese importe.
El escrito también incluye la petición de incorporar a la causa comprobantes de transferencias bancarias mensuales de 2.000 euros realizadas por el alcalde a la mujer, así como las conversaciones de WhatsApp entre ambos desde enero hasta marzo de 2023.
Esta solicitud se suma a la presentada por la acusación popular ejercida por el PSOE, que reclama cuatro años de prisión para el alcalde.
Por su parte, la defensa de García Urbano califica la petición fiscal como un “disparate jurídico” basado en la declaración falsa de una persona que, según indica, ya ha sido desacreditada en otros procesos judiciales archivados. Asimismo, presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial para solicitar el archivo de la causa, argumentando la ausencia de indicios delictivos en la contratación de esta persona como cargo de confianza durante 46 días; dicho recurso está pendiente de resolución.
En el recurso, la defensa sostiene que el auto de transformación del 4 de diciembre se fundamenta en una declaración testifical incluida en otro procedimiento que fue archivado definitivamente por la Audiencia Provincial tras demostrarse que las acusaciones eran falsas.
Desde el Ayuntamiento, fuentes municipales han declarado que el alcalde sufre una “injusta e inadmisible campaña política y mediática” cuyo objetivo sería dañar su reputación y trayectoria política, así como intentar apartarlo del cargo.
