Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, ha elevado su caso ante el Tribunal Constitucional (TC). La Abogacía del Estado, que actúa en su defensa, presentó este lunes un recurso de amparo para anular la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó por un delito de revelación de secretos.
La decisión, adoptada por una mayoría de cinco magistrados frente a dos, impuso a García Ortiz dos años de inhabilitación para el ejercicio de su cargo y una sanción económica de 7.200 euros. La causa se originó en la difusión de información relativa a un procedimiento por fraude fiscal vinculado a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Contenido del recurso: presunta violación de derechos
En el escrito presentado al tribunal de garantías, con acceso a EFE, la defensa del ex fiscal sostiene que la sentencia del Supremo ha comprometido derechos fundamentales clave:
- Libertad de expresión: Alegan que las acciones de García Ortiz se desarrollaron en el marco de su obligación de informar sobre asuntos de interés público.
- Tutela judicial efectiva: Ponen en duda la regularidad y garantías del proceso que llevó a su condena.
- Irregularidades en el registro: Señalan la «desproporción y falta de justificación» del registro llevado a cabo en su despacho de la Fiscalía General, ordenado por el juez Ángel Hurtado.
Caso con impacto social y político
El recurso no solo defiende la postura personal de García Ortiz, sino que también destaca que este asunto supera su ámbito individual. Según el documento, el caso plantea una «cuestión jurídica con gran relevancia y repercusión social», que afecta directamente al equilibrio político y a la operatividad de las instituciones estatales.
Este recurso se suma a otro presentado previamente por la Fiscalía, aumentando la presión sobre el Tribunal Constitucional para que determine si la conducta del ex fiscal general constituye un delito penal o fue una actuación legítima vinculada a sus funciones informativas.
