En una medida destinada a mantener el poder adquisitivo del personal de la Función Pública y ajustar los salarios a la situación económica actual, el Gobierno ha aprobado hoy un incremento adicional del 0,5% en las retribuciones de las empleadas y empleados públicos. Esta subida, contemplada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2023, se basa en la evolución positiva del Producto Interno Bruto (PIB) nominal del año pasado, que superó el 6% previsto en el cuadro macroeconómico.
El alza salarial, que forma parte del Acuerdo para una Administración del Siglo XXI, rubricado por el Ejecutivo y los sindicatos CCOO y UGT, tendrá efectos retroactivos para todo el año 2023. Con esta medida, más de 3 millones de empleados públicos se verán beneficiados, lo que supone un incremento retributivo agregado de 818 millones de euros.
El Gobierno, mostrando su compromiso con el diálogo social, ha reiterado su intención de continuar con la recuperación de los derechos del personal de la Función Pública. Desde el año 2020, se han implementado diversas subidas salariales, incluso en contextos de crisis y alta inflación.
En este sentido, el aumento del 0,5% se suma a las subidas previas del 2% en 2020, del 3,5% en 2022, y del 2,5% en 2023, con un adicional del 0,5% para compensar los efectos de la inflación. Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno con el reconocimiento y la valoración del trabajo realizado por el personal dedicado al servicio público.
El Gobierno también ha señalado que este incremento salarial es parte de una estrategia más amplia para modernizar el servicio público, conforme al Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. Además, se ha anunciado que en 2024 se llevará a cabo una actualización fija del 2% en las retribuciones, junto con un aumento opcional del 0,5% vinculado al Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA).
Con estas medidas, el Gobierno espera que la senda de mejoras retributivas culmine en 2024, con un incremento total que podría superar el 8% en el periodo 2022-2024, y alcanzar hasta el 9,5% en función de las cláusulas de revisión contempladas. En términos reales, esto podría representar una revalorización de hasta el 9,8%, dado que las alzas salariales son consolidables en las retribuciones del personal público.
