El Ministerio de Hacienda planteará aumentar el porcentaje de IRPF e IVA que el Estado transfiere a las comunidades autónomas, elevando del 50 % al 55 % el IRPF y al 56,5 % el IVA.
Esta iniciativa forma parte de la reforma del sistema de financiación autonómica que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará este viernes. De aprobarse, permitiría que la mayor parte de los recursos generados por estos dos impuestos se destinen directamente a las regiones, incrementando su capacidad financiera en miles de millones de euros.
Para contextualizar, en 2024 la recaudación del IRPF alcanzó los 129.408 millones de euros y la del IVA los 90.541 millones. Aplicando los nuevos porcentajes, las comunidades habrían recibido alrededor de 12.355 millones de euros adicionales ese año: 6.470 millones procedentes del IRPF y 5.885 millones del IVA.
Además, la reforma contempla la posibilidad de eliminar el sistema actual de entregas a cuenta, que adelanta fondos basándose en estimaciones de recaudación y ajusta las diferencias dos años después, para adoptar un modelo de recaudación en tiempo real. Esto permitiría a las comunidades disponer de inmediato de los fondos que les corresponden, evitando retrasos o devoluciones derivadas de desviaciones en las previsiones.
Tras reunirse con el presidente Pedro Sánchez, el líder de ERC, Oriol Junqueras, destacó que la propuesta supone una situación en la que «nadie pierde y todos ganan», al asignar 4.700 millones adicionales a Cataluña sin afectar la renta per cápita de otras regiones gracias a mecanismos de compensación.
El Ejecutivo sostiene que el modelo es más justo y equilibrado, beneficiando a todas las comunidades sin privilegiar a ninguna. Sin embargo, la oposición ha manifestado críticas. El Partido Popular calificó la propuesta como un «caso claro de corrupción política» por la supuesta utilización de recursos públicos para asegurar apoyos parlamentarios, mientras que Vox la definió como una «estafa».
Por otro lado, Junts expresó que, a pesar del aumento en recursos, Madrid «seguirá teniendo el control de la caja», y las comunidades gobernadas por el PP manifestaron su desacuerdo. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, advirtió que traspasar la línea de igualdad entre regiones sería «el mayor daño a la ideología del Partido Socialista en toda su historia».
La iniciativa será presentada formalmente en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con las comunidades autónomas y, posteriormente, requerirá la aprobación parlamentaria para su entrada en vigor.
