El ejecutivo griego ha comunicado una intensificación en su política migratoria, enfocándose en los individuos que arriben por vía marítima desde Libia y otros territorios del norte de África. A partir de esta disposición, cualquier persona que toque tierra en costas griegas proveniente de esa área podrá ser deportada de forma inmediata, sin procedimientos, registros o evaluaciones individuales.
Esta normativa se aplicará sin considerar la nacionalidad, edad o género del migrante, lo que ha suscitado inquietud entre organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes alertan sobre posibles incumplimientos de tratados internacionales relacionados con el asilo y la protección humanitaria.
Las autoridades griegas defienden esta medida como una respuesta para combatir el presunto uso sistemático de Libia como punto de partida para el tráfico ilegal de personas hacia Europa. «No permitiremos que se utilicen nuestras fronteras con fines ilegales», afirmó un portavoz del Ministerio de Migración.
Por su parte, diversas organizaciones internacionales y ONG han solicitado aclaraciones al gobierno griego, señalando que esta política podría violar el principio de no devolución y poner en riesgo a quienes escapan de violencia o persecución.
