El Gobierno de España ha anunciado una profunda reforma en el sistema de financiación autonómica, que para el año 2027 podría proporcionar más de 224.500 millones de euros a las comunidades autónomas, aumentando la cesión de impuestos y estableciendo nuevos mecanismos de solidaridad fiscal para atenuar las desigualdades territoriales.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, ha definido este nuevo esquema como un intento por “cuadrar el círculo”, buscando garantizar que todas las comunidades autónomas dispongan de mayores recursos sin que ninguna se vea perjudicada, además de asegurar que los pilares del Estado del Bienestar —sanidad, educación y servicios sociales— cuenten con financiación suficiente y estable.
La propuesta eleva la financiación total hasta 224.507 millones de euros en 2027, en comparación con los 152.484 millones previstos para 2023, lo que supone un incremento significativo en la dotación económica para las regiones.
Los recursos adicionales provendrán principalmente de una mayor cesión de impuestos al régimen común: el IRPF pasaría de cederse un 50% a un 55%, y el IVA aumentaría la cesión del 50% al 56,5%. Asimismo, se integrarían en el reparto autonómico nuevos tributos como el Impuesto sobre el Patrimonio, el de Depósitos Bancarios, el de Actividades del Juego y gravámenes vinculados a residuos, vertederos e incineración, otorgando así una mayor responsabilidad fiscal a las comunidades.
Por otro lado, el Estado aportaría hasta 19.000 millones de euros adicionales, parcialmente derivados de un porcentaje del rendimiento del IRPF y de fondos específicos, como un importante fondo climático destinado a las regiones más afectadas por el cambio climático, así como un mecanismo denominado statu quo que garantiza que ninguna comunidad autonómica perciba menos que con el modelo actual.
Además de los recursos económicos, la reforma plantea modificar la gestión tributaria, ofreciendo la opción a las comunidades de recaudar en tiempo real el IRPF y el IVA, lo que alinea sus haciendas con la Agencia Tributaria estatal. También se propone un modelo de gestión tributaria “en red” entre administraciones para mejorar la eficiencia y combatir el fraude fiscal.
La distribución de los fondos y los criterios para equilibrar las desigualdades territoriales continúa siendo objeto de debate político. Comunidades como Andalucía, Cataluña, la Comunitat Valenciana y Madrid serían las principales beneficiarias en términos absolutos bajo este nuevo esquema.
El Ejecutivo ha convocado al Consejo de Política Fiscal y Financiera para presentar esta propuesta a las comunidades autónomas; a partir de esta reunión se iniciará un proceso de diálogo que deberá culminar en la aprobación de una ley orgánica en el Congreso, permitiendo la entrada en vigor del nuevo modelo en 2027.
Aspectos clave de la reforma
- Los recursos totales se elevan a 224.507 millones para 2027, frente a 152.484 millones en 2023.
- Incremento en la cesión de impuestos: IRPF al 55% e IVA al 56,5%.
- Incorporación de nuevos tributos a la financiación autonómica.
- Fondos adicionales, incluyendo un fondo climático y el mecanismo statu quo para evitar pérdidas.
- Posibilidad de que las comunidades gestionen la recaudación fiscal en tiempo real.
El nuevo modelo pretende solucionar desequilibrios históricos y dotar a las regiones de recursos suficientes para mantener el Estado del Bienestar con mayor autonomía y solidaridad fiscal. A pesar de las diferencias y tensiones políticas entre territorios y partidos, el Gobierno sostiene que todas las comunidades saldrán favorecidas y que el sistema será más equitativo y eficiente que el vigente durante más de una década. La negociación que se abre ahora será determinante para su aprobación definitiva e implementación en 2027.
