El Ministerio de Hacienda ha decidido posponer un año la entrada en vigor del nuevo sistema de verificación de facturas Verifactu con el objetivo de dar más margen a las empresas y profesionales para adaptarse a las nuevas exigencias. Así lo han confirmado a la agencia EFE fuentes del propio departamento.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó que el real decreto ley que aprobará este martes el Consejo de Ministros —y que incluye compromisos pendientes con Junts— incorporará esta ampliación del plazo para la digitalización de los procesos de facturación en materia fiscal.
Según precisan fuentes de Hacienda, el retraso será de un año, lo que significa que Verifactu no será obligatorio hasta el 1 de enero de 2027 para quienes tributan por el impuesto de sociedades, y hasta el 1 de julio de 2027 para el resto de profesionales y empresas.
¿Qué exige el sistema Verifactu?
El nuevo sistema obliga a que los programas informáticos de facturación generen un registro seguro, inalterable y accesible para la Agencia Tributaria. Esa información podrá enviarse directamente o quedar almacenada bajo estrictas condiciones de seguridad.
La normativa afecta a todos los profesionales y sociedades que utilicen software de facturación, excepto quienes están adheridos al Suministro Inmediato de Información (SII) y los contribuyentes de País Vasco y Navarra. En cambio, no afecta a aquellos que emiten sus facturas de manera manual.
La fecha inicial prevista para la entrada en vigor de estas obligaciones era el 1 de enero de 2026 para las empresas sujetas al impuesto de sociedades y el 1 de julio para el resto, pero finalmente se retrasará doce meses más.
Más margen para los ayuntamientos en inversiones
Sánchez también adelantó que el real decreto ley incluirá una flexibilización de las inversiones financieramente sostenibles de los ayuntamientos, aquellas que no computan dentro de la regla de gasto.
Con esta medida, las corporaciones locales podrán disponer de mayor facilidad para invertir en proyectos que no generen gasto corriente, como la construcción de vivienda o mejoras en la gestión del agua, sin vulnerar sus compromisos fiscales.
La ampliación de plazos y la flexibilización normativa buscan, según el Gobierno, facilitar la transición digital y favorecer la ejecución de inversiones estratégicas en el ámbito local.
