La investigación del ‘caso Koldo’ incorpora nuevas sospechas de malversación y tráfico de influencias
Isabel Pardo de Vera, quien fuera presidenta de Adif, ha sido imputada por el juez que instruye el conocido caso Koldo, en una causa que investiga presuntos delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. Esta decisión judicial está relacionada con la contratación de Jésica R., expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, en dos entidades públicas.
Fuentes judiciales confirman que Pardo de Vera ha sido citada como investigada para declarar sobre su posible responsabilidad en la asignación de esos puestos laborales durante su mandato en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Esta investigación forma parte de un proceso más amplio que examina una supuesta red de favores y contrataciones irregulares vinculadas al entorno del exasesor ministerial Koldo García.
El magistrado sospecha que las contrataciones implicadas pudieron haberse realizado sin basarse en criterios objetivos de mérito o capacidad, sino que obedecerían a cuestiones personales y políticas. La inclusión de Pardo de Vera añade una nueva dimensión al proceso, que ya afecta a varios miembros del antiguo Ministerio de Transportes.
Inicialmente, el caso Koldo se centró en la adquisición de suministros durante la pandemia, pero ha evolucionado hasta investigar una presunta red de influencia y desviación de recursos públicos en distintas administraciones.
La comparecencia de la exdirectiva está programada para las próximas semanas. Su defensa ha negado enfáticamente cualquier irregularidad y ha asegurado que colaborará con la justicia para aclarar los acontecimientos.
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