Una empleada del Gobierno de Canarias manifestó incertidumbres acerca de la adquisición de mascarillas al empresario Aldama, reconocido comisionista implicado en la compra de material sanitario durante la pandemia. En una comunicación interna, la funcionaria habría expresado: “¿Estamos seguros? Hemos adquirido otras más económicas”, evidenciando su inquietud respecto al coste y la transparencia del acuerdo.
Este expediente es parte de una investigación judicial que examina las compras de emergencia efectuadas en 2020, período en el que el Ejecutivo canario, bajo la presidencia de Ángel Víctor Torres —quien actualmente desempeña el cargo de ministro de Política Territorial y Memoria Democrática—, gestionó la adquisición de suministros médicos en un escenario de gran urgencia.
Fuentes involucradas aseguran que Torres mostró interés en facilitar el pago a Aldama tras conocer que el empresario consideraba interponer una denuncia por la falta de pago de las mascarillas. No obstante, el ministro ha afirmado que su intervención se limitó a asegurar el cumplimiento legal de los procedimientos administrativos sin influir en las investigaciones en curso.
El contrato con Aldama, que asciende a varios millones de euros, corresponde a las medidas de emergencia adoptadas en los primeros meses de la pandemia, momento en que diferentes administraciones públicas cerraron tratos rápidos para la adquisición de material sanitario en un mercado internacional saturado y con precios elevados.
La investigación continúa abierta para esclarecer posibles irregularidades en la contratación y en los pagos relacionados con la empresa intermediaria, así como para determinar la responsabilidad de funcionarios y autoridades implicados.
