El Ejecutivo ha señalado un crecimiento notable en la ocupación de inmuebles que, tras ser objeto de condenas vinculadas al narcotráfico, han pasado a control estatal.
Muchas de estas propiedades, algunas abandonadas y otras bajo supervisión del Estado, están siendo ocupadas por individuos que muestran resistencia a abandonar los inmuebles, fenómeno conocido como “narcookupas”.
Las autoridades destacan que esta situación constituye un reto adicional para la administración de los bienes incautados, ya que involucra aspectos de seguridad junto con la necesidad de asegurar el uso adecuado de estos recursos públicos. La resistencia de los ocupantes a desalojar ha dificultado los procesos legales y generado inquietud en los municipios implicados.
El Gobierno analiza implementar medidas para acelerar los desalojos y aumentar la vigilancia sobre estas propiedades, con la intención de prevenir que se transformen en focos de conflicto o actividades ilícitas.