Un nuevo episodio de violencia en las cárceles de Ecuador ha causado la muerte de al menos trece reclusos durante un enfrentamiento dentro del penal de Machala. Este incidente se suma a la alarmante cantidad de fallecimientos que han afectado al sistema penitenciario nacional en meses recientes, en medio de luchas entre grupos rivales por el dominio de los presos y actividades ilegales.
De acuerdo con reportes de medios locales, el evento ocurrió durante la tarde, cuando aparentemente un artefacto explosivo, probablemente lanzado desde un dron, estalló cerca de la prisión. Este ataque sirvió para distraer a los guardias, facilitando la revuelta en el interior.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) ha recibido críticas por la lentitud y poca eficacia en su respuesta. Mientras familiares de los internos esperaban con angustia y esperanza fuera del centro, el organismo encargado aseguró que se están corroborando los hechos con las autoridades correspondientes.
Las primeras indagaciones indican que las muertes se debieron a asfixia; además, algunos de los fallecidos ya han sido identificados. Este hecho se une al estado de desorden que vive el sistema penitenciario, en el que cientos de muertes han sido registradas desde 2021 como consecuencia de episodios violentos.
Este enfrentamiento no es un caso aislado. Solo el 9 de noviembre, la cárcel de Machala fue escenario de otro violento conflicto que dejó 27 internos muertos, en su mayoría por ahorcamiento. La situación sigue siendo crítica y genera inquietud sobre cuándo el gobierno adoptará medidas efectivas para controlar esta crisis.
El SNAI, que manifiesta estar trabajando para reducir la violencia, ha afirmado que las muertes reportadas el 1 de noviembre fueron también por causas naturales, mencionando la tuberculosis como motivo de algunos decesos. No obstante, diversos críticos sostienen que estas explicaciones son insuficientes y que es necesario atender las condiciones insalubres de los centros penitenciarios.
Desde 2021, cerca de 600 presos han perdido la vida en las cárceles ecuatorianas, principalmente debido a enfrentamientos entre bandas criminales. Esta realidad ha posicionado al país como uno de los más afectados por la violencia penitenciaria en América Latina, transformando sus prisiones en focos importantes de conflicto criminal.
La respuesta estatal ha incluido la militarización de algunas cárceles y el control policial en otras. Sin embargo, existen dudas sobre si estas medidas son adecuadas para un problema que demanda una intervención estructural profunda. La administración del presidente Daniel Noboa, que ha declarado la existencia de un «conflicto armado interno», enfrenta un reto significativo en la gestión de esta creciente problemática.
