El anteproyecto transpone una directiva europea de 2022 y busca blindar sectores estratégicos frente a amenazas
El Ministerio del Interior ha presentado un anteproyecto de ley orientado a reforzar las medidas de supervisión del personal que presta servicios en infraestructuras críticas, en un intento por fortalecer la seguridad nacional ante potenciales riesgos.
Esta propuesta legislativa responde a la necesidad de incorporar al ordenamiento jurídico español una directiva europea aprobada en 2022, que fija nuevos criterios para asegurar la protección de servicios esenciales en toda la Unión Europea.
La regulación futura abarcará sectores clave como la energía, las telecomunicaciones, el transporte y el abastecimiento de agua. Se prevé imponer un control más riguroso sobre quienes trabajan en estas áreas para evitar amenazas internas y asegurar la capacidad operativa frente a posibles ataques físicos, cibernéticos o híbridos.
Fuentes ministeriales han indicado que el texto pretende “ajustar la legislación nacional a las novedosas exigencias de seguridad establecidas a nivel europeo”, e incluye procesos más estrictos para la evaluación, control y seguimiento del personal, respetando los derechos fundamentales de los trabajadores.
Actualmente, el anteproyecto se encuentra en fase de consulta pública previa a su trámite parlamentario, periodo durante el cual se esperan recibir aportaciones de empresas, sindicatos y expertos en seguridad. La iniciativa gubernamental busca elevar los niveles de protección en un contexto global caracterizado por el aumento de la complejidad de las amenazas a infraestructuras críticas para la nación.
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