La Fiscalía Anticorrupción ha dado un paso significativo al solicitar al Tribunal Supremo que investigue al líder del partido político Se Acabó La Fiesta, Luis ‘Alvise’ Pérez. La acusación se centra en el supuesto cobro en metálico de 100.000 euros, destinados a la financiación del partido durante las elecciones europeas.
Fuentes fiscales han confirmado que la fiscalía ha respondido favorablemente al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, para elevar una exposición razonada a la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Esta solicitud se basa en la presunta financiación ilegal del partido político por parte de Alvise, quien actualmente es eurodiputado.
En este contexto, la Audiencia Nacional se dirigirá al Parlamento Europeo para verificar el estatus de Alvise como eurodiputado y aforado, antes de remitir el caso al Tribunal Supremo. Este paso es crucial para avanzar en la investigación sobre el presunto cobro en metálico de 100.000 euros para la financiación de su formación política.
El empresario Álvaro Romillo, conocido como ‘Cryptospain’, está en el centro de esta investigación. Según las declaraciones realizadas ante el juez, Romillo habría entregado el dinero a Alvise con la expectativa de recibir favores futuros y beneficiarse de su influencia en la red social Telegram.
Esta investigación es una pieza separada dentro de un caso más amplio en el que el juez Calama investiga a Romillo por una presunta estafa piramidal llevada a cabo a través de Madeira Invest Club. Romillo es señalado como el principal responsable de este entramado financiero.
La conexión entre la financiación ilegal del partido y la estafa piramidal subraya la complejidad del caso. La Fiscalía busca esclarecer si los fondos utilizados para financiar el partido de Alvise provienen de actividades ilícitas relacionadas con la estafa de Madeira Invest Club.
El avance de esta investigación podría tener implicaciones significativas para el futuro político de Alvise y su partido. Además, pone de relieve la importancia de la transparencia y la legalidad en la financiación de partidos políticos, especialmente en el contexto de las elecciones europeas.
La sociedad espera que el proceso judicial arroje luz sobre estos hechos y se tomen las medidas necesarias para garantizar la integridad del sistema político. La colaboración entre las instituciones judiciales y el Parlamento Europeo será clave para resolver este caso de manera justa y eficiente.
