La Guardia Civil mantiene una investigación sobre una mujer de 36 años acusada de realizar cientos de tratamientos estéticos sin contar con la habilitación médica necesaria en varios centros de la provincia de Valencia y también en su domicilio, en el marco de la operación ‘Zubar’.
La sospechosa está siendo indagada por los delitos de intrusismo profesional, contra la salud pública por la administración de medicamentos —incluyendo toxina botulínica— y falsedad documental, según detalló la Guardia Civil en un comunicado.
La pesquisa comenzó en marzo tras la denuncia de una profesional sanitaria que informó sobre una persona que aplicaba tratamientos estéticos en una peluquería en la localidad de Sueca sin contar con los controles sanitarios ni las autorizaciones pertinentes. Tras esta alerta, se confirmó que la investigada operaba en distintos locales de la provincia, presentándose como doctora y ofreciendo procedimientos como aumento de labios y pómulos, rinomodelación e infiltraciones de bótox.
Además, promocionaba estos servicios en redes sociales, donde anunciaba la aplicación de toxina botulínica en frente, entrecejo y patas de gallo, entre otros.
Según las pesquisas, la mujer posee un título en odontología por una universidad privada, pero carece de la habilitación para llevar a cabo este tipo de intervenciones, que están reservadas exclusivamente a médicos especialistas en medicina estética. Las autoridades sanitarias y los colegios profesionales consultados confirmaron su falta de competencia para estas prácticas.
Los agentes identificaron los establecimientos donde actuaba y tomaron declaración a responsables y clientas. Los testimonios indican que habría realizado cientos de tratamientos, con al menos 80 clientas registradas y más de 180 procedimientos documentados de toxina botulínica y ácido hialurónico. Algunas clientas afirmaron que también fueron atendidas en el domicilio particular de la investigada.
Asimismo, la Guardia Civil verificó que la mayoría de los centros donde se realizaban estos tratamientos no disponían de la licencia administrativa necesaria para ofrecer dichos servicios, ni contaban con sistemas apropiados de refrigeración para los productos ni mecanismos para el manejo adecuado de residuos biológicos, incumpliendo así las normas sanitarias vigentes.
Los investigadores no han podido certificar la legalidad ni la trazabilidad de los productos empleadas, lo que genera sospechas sobre que pudieran haber sido adquiridos y manipulados fuera de los canales oficiales.
Las autoridades insisten en la importancia de acudir exclusivamente a profesionales cualificados y centros autorizados para someterse a tratamientos estéticos, ya que una aplicación incorrecta o el uso de productos sin garantías sanitarias puede representar un grave riesgo para la salud, incluso la vida.
Esta operación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Sueca y está bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de la mencionada localidad.
