Roma. En Italia, las autoridades han intensificado las medidas legales y de monitoreo contra organizaciones no gubernamentales que operan en el rescate de migrantes en el Mediterráneo. Recientemente, una ONG se encuentra bajo proceso judicial tras recibir una contribución económica proveniente del mismo buque petrolero que auxiliaba a 27 personas en situación de riesgo en alta mar.
De acuerdo con fuentes judiciales, los teléfonos de tres responsables de esta organización fueron intervenidos en el marco de una investigación activa. La fiscalía plantea dudas sobre la legalidad de dicha donación, al considerar que podría entenderse como una retribución prohibida por la legislación italiana relativa al tráfico de migrantes y la colaboración no autorizada en la inmigración irregular.
Las entidades afectadas han denunciado una campaña constante de estigmatización hacia su labor humanitaria, que abarca desde limitaciones en sus actividades hasta imputaciones penales. “Nos tratan como delincuentes por dedicar esfuerzos a salvar vidas”, expresó uno de los coordinadores de la ONG implicada.
Organismos internacionales han manifestado su inquietud ante estas acciones, que podrían desalentar las operaciones de rescate en una de las rutas migratorias más complejas y peligrosas del mundo.
