Este jueves, Junts vivió un momento destacado en el Congreso al congregar a diputados, senadores y una delegación de sus alcaldes en el patio del palacio de la Carrera de San Jerónimo. La reunión fue para conmemorar la aprobación de una reforma legal que incrementa las sanciones por delitos leves reiterados. Miriam Nogueras, portavoz de Junts en la Cámara, afirmó que “los delincuentes que perturban a nuestra ciudadanía ya no podrán salir fácilmente tras cometer sus faltas”, en referencia a la nueva normativa.
La propuesta, promovida por Junts y apoyada por el PSOE junto a toda la derecha, obtuvo 302 votos a favor —PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN—, 36 votos en contra —Sumar, EH Bildu, Podemos y BNG— y 8 abstenciones —ERC y Coalición Canaria—. La reforma modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para imponer penas de hasta tres años de prisión a quienes hayan cometido más de tres delitos leves, tales como hurtos y estafas menores, e incluye medidas específicas para el robo de dispositivos electrónicos que contengan datos personales. Asimismo, se fortalecen las facultades judiciales para impedir el acceso a determinadas zonas a reincidentes.
El pacto entre el PSOE y la derecha recibió críticas por parte de sus aliados de izquierda. Enrique Santiago, de Sumar, acusó a los socialistas de adoptar “argumentos propios de la ultraderecha más conservadora” y cuestionó si se trata de un “experimento de gran coalición” con el PP. Desde Junts, por su parte, resaltaron que la normativa responde a demandas ampliamente extendidas en Cataluña y recordaron que, pese a este avance, la relación con el Gobierno continúa deteriorada.
Además, la sesión plenaria dejó otras derrotas parciales para el Ejecutivo, como la reprobación del ministro de Transportes, Óscar Puente, relacionada con la tragedia de Adamuz y los problemas en Rodalies, y la caída de una proposición no de ley del PSOE a favor de la legalidad internacional, bloqueada por PP, Vox, UPN y la abstención de Junts.
La reforma deberá ser aprobada ahora en el Senado. El PSOE confía en que esta medida contribuya a mejorar temporalmente el clima político con Junts, aunque la relación con el partido independentista sigue condicionada por otras demandas pendientes, entre ellas la ley contra ocupaciones y la gestión de competencias de inmigración en Cataluña.
