La huelga iniciada por jueces y fiscales comenzó sin que el Ministerio de Justicia haya podido realizar los descuentos salariales a quienes participen en la protesta.
Aunque el Ministerio, bajo la dirección del Gobierno, solicitó formalmente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía la información necesaria para efectuar dichas deducciones, ninguno de estos organismos ha facilitado los datos requeridos.
Esta ausencia de información impide concretar la retención de salarios a los profesionales en huelga, generando incertidumbre en el Ejecutivo respecto a la efectividad de sus mecanismos de control. El conflicto laboral responde a demandas persistentes por mejoras en las condiciones laborales y salariales de los colectivos judiciales.
Desde el Ministerio de Justicia expresan preocupación por la falta de colaboración institucional y aseguran que seguirán insistiendo para obtener los datos que les permitan actuar conforme a la normativa vigente.
