El presentador Kiko Hernández atraviesa uno de los momentos más tensos de su vida después de que la Policía Local de Melilla precintara el establecimiento que regenta junto a su marido, Fran Antón. Ambos se han encadenado a las puertas del local y han iniciado una huelga de hambre en señal de protesta, a la espera de una solución que, por el momento, no parece cercana.
La situación se ha agravado después de que Hernández denunciara haber recibido amenazas de muerte, según reveló durante una intervención telefónica este miércoles en el programa No somos nadie, emitido por TEN y Canal Quickie. Visiblemente afectado, el tertuliano aseguró que las intimidaciones proceden de “una persona muy importante” de Melilla y que responderían —según su versión— a intereses políticos.
“He recibido amenazas muy fuertes, muy heavys… amenazas de muerte. Esta gentuza tiene miedo a perder las elecciones”, afirmó. El presentador detalló incluso el contenido de uno de los mensajes: “Me han mandado un WhatsApp diciendo que tardan un minuto en mandar a un musulmán de la frontera a que me raje y que no le pillen”.
Hernández relaciona estas amenazas con su anterior vinculación al partido Coalición por Melilla, y asegura que el origen de las mismas estaría en el entorno del Partido Popular melillense. “Todo lo que yo he hecho por el otro partido, me dijeron que lo iba a pagar con sangre”, denunció.
Miedo por su familia y un futuro incierto
El excolaborador televisivo aseguró que teme por su integridad y la de su familia. “Tengo tres personas a las que adoro: mis dos hijas y mi marido. A la mínima que haya riesgo de lo que sea, que ya lo hay, nos vamos de aquí”, afirmó.
Además del clima de tensión, Hernández subrayó la complicada situación económica en la que se encuentran debido al cierre del local. Según explicó, el establecimiento cuenta con licencia en vigor hasta 2036, y considera que el precinto responde únicamente a decisiones de carácter político.
Mientras continúan encadenados y en huelga de hambre, Hernández y Fran Antón esperan que la situación se desbloquee. Entretanto, el caso ha encendido el debate público en Melilla, donde las acusaciones, el trasfondo político y las supuestas amenazas elevan aún más la controversia que rodea al cierre del local.
