El fiscal general del Estado ha acusado directamente al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso de planificar “una estrategia” para “desviar la atención” de la presidenta madrileña en medio de la polémica sobre filtraciones judiciales. Según él, el equipo más cercano a Ayuso habría intentado apartar el debate de posibles responsabilidades políticas vinculadas a la dirigente regional.
Por otro lado, la Abogacía del Estado ha defendido ante el Tribunal Supremo la inexistencia de indicios que sustenten un delito de revelación de secretos en este asunto, ni evidencia que involucre al fiscal general, Álvaro García Ortiz, en la difusión del correo electrónico de un abogado relacionado con González Amador. Con esta postura, el órgano jurídico rechaza enfáticamente que se haya producido una filtración irregular atribuible a García Ortiz.
Este conflicto se inscribe en un contexto de creciente tensión entre la Fiscalía y el Gobierno autonómico de Madrid, donde cada acción procesal adquiere un cariz político. La declaración de la Abogacía busca minimizar las acusaciones y descartar la vía penal, mientras que las palabras del fiscal general reavivan la confrontación con el entorno de la presidenta regional.