Este lunes comenzó en el Tribunal Supremo el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos por la supuesta filtración de un correo electrónico vinculado con la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Su defensa ha expresado duras críticas contra el proceso judicial.
La Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz, calificó la investigación a cargo del magistrado Ángel Hurtado como “inquisitiva e invasiva” y solicitó la nulidad del procedimiento alegando vulneración de derechos fundamentales. La abogada Consuelo Castro, que expuso las cuestiones previas, afirmó que el proceso estuvo guiado por una “presunción de culpabilidad” y una búsqueda exclusiva de pruebas contra el fiscal.
“El fiscal general ha afrontado un procedimiento injusto en el que sus derechos no fueron respetados”, declaró Castro, que fue directora de la Abogacía General del Estado.
Un juicio sin antecedentes
La vista oral, inédita en la historia democrática española al ser la primera contra un fiscal general, mostró escenas poco comunes. García Ortiz, vestido con la toga de su cargo, asistió sentado al lado de su defensa, mientras que la Fiscalía también pidió formalmente su absolución, algo poco habitual.
El acusado accedió al Supremo por la entrada reservada a autoridades —un hecho excepcional en procesos penales— y fue recibido con aplausos por numerosos empleados de la Fiscalía General del Estado antes de presentarse ante el tribunal.
Objeciones al registro y al manejo de evidencias
La defensa cuestionó con firmeza la orden de registro del despacho de García Ortiz realizada el mismo día en que se le instó a designar abogado. Castro afirmó que dicha actuación debe ser declarada nula, igual que los materiales incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Entre las pruebas fundamentales que presenta la acusación figura el borrado de mensajes y correos electrónicos del teléfono del fiscal general, así como la coincidencia temporal entre la recepción de un correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, y la publicación inicial sobre ese asunto por parte de la Cadena SER.
Sin embargo, la defensa sostiene que el contenido de dicho correo ya era conocido ampliamente por los medios antes de que García Ortiz lo recibiera.
La Fiscalía apoya las críticas
La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, coincidió con las observaciones de la Abogacía del Estado y pidió anular además el registro efectuado en el despacho de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, de donde se obtuvieron mensajes que sustentan la acusación.
Sánchez Conde señaló que no existen evidencias técnicas que confirmen que la filtración ocurrió por medios electrónicos:
“Aún no hemos recibido ningún dato que avale la hipótesis de que el delito se cometió mediante correo electrónico o mensajería instantánea”, afirmó.
Primer testigo: fiscal del caso Ayuso defiende la legalidad de la instrucción
El primer testigo, Julián Salto, fiscal encargado del caso de presunto fraude fiscal contra González Amador, respaldó la actuación del fiscal general. Salto calificó como “orden legítima” la instrucción de García Ortiz de recopilar los correos intercambiados con el abogado del empresario, Carlos Neira.
El fiscal explicó que esta solicitud se hizo tras la aparición de una noticia en El Mundo que hablaba de un supuesto acuerdo con la Fiscalía, información que describió como “falsa” y parte de una “campaña de desinformación” sostenida en el tiempo.
“En mis dos décadas de experiencia nunca he contactado con ningún letrado para ofrecer una conformidad. Esa información es totalmente falsa”, enfatizó Salto, quien expresó sorpresa porque su correo fue enviado al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y a varios periodistas.
El proceso judicial continuará en días próximos con la declaración de más de 40 testigos citados por el Supremo. La defensa mantendrá la petición de anular el juicio por la supuesta vulneración de garantías procesales, mientras que la acusación buscará probar que el fiscal general facilitó información confidencial a la prensa.
