La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso presentado por Alberto González Amador —pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso— y confirma que será juzgado por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental, relacionados con un supuesto entramado de facturas falsas durante 2020 y 2021 por un importe superior a 350.000 euros. Esta resolución acerca a González Amador a la fase de juicio.
El tribunal confirma el auto de procedimiento abreviado emitido por el Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid y desestima los argumentos de la defensa, que alegaba vulneración de derechos y solicitaba la práctica de diligencias adicionales. Con este fallo, la causa principal queda preparada para la apertura del juicio oral una vez que las acusaciones lo requieran y se completen los trámites procesales correspondientes.
De acuerdo con las pesquisas, la Agencia Tributaria identificó indicios de defraudación tributaria por un monto de entre 350.910 y 350.951 euros en el Impuesto de Sociedades correspondiente a 2020 y 2021, mediante el empleo de facturas presuntamente falsas y sociedades vinculadas para deducir gastos indebidos y trasladar bases imponibles. La Audiencia sostiene que estos hechos, combinados con un delito de falsedad en documento mercantil, deben ser objeto de juicio.
El expediente involucra directamente a la empresa Maxwell Cremona —propiedad del investigado— y a operaciones facturadas, entre otras, a Quirón Prevención. Asimismo, está relacionada la sociedad Masterman & Whitaker, que según los indicios formó parte del esquema para una optimización fiscal artificial. La resolución provincial considera que los hechos detallados por el juzgado instructor tienen suficiente relevancia penal para proseguir con el procedimiento.
En el aspecto penal, tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía han solicitado para González Amador una pena cercana a los 3 años y 9 meses de prisión, junto con multas elevadas, a la espera de lo que se determine en los escritos definitivos de acusación. El pago del importe defraudado, efectuado durante la investigación, podría considerarse como un atenuante si el tribunal lo estima conveniente, cuestión que se decidirá en el juicio.
La defensa argumentaba que se vulneraron derechos fundamentales debido a la difusión de comunicaciones y documentos relacionados con el expediente tributario —que es una causa paralela que se encuentra ante el Tribunal Supremo por una presunta filtración— y solicitaba la realización de nuevas diligencias. Sin embargo, la Audiencia avala la correcta finalización de la instrucción y rechaza que estas objeciones impidan el avance del caso.
El fallo que confirma el procesamiento no supone una condena, pero avanza el caso hacia la fase judicial y obliga a las partes a definir con precisión los hechos, pruebas y responsabilidades. Paralelamente, el procedimiento continúa generando un alto nivel de atención pública debido a la relación del investigado con la presidenta madrileña, aunque el proceso no implica a Isabel Díaz Ayuso como parte involucrada.
