El juez encargado del caso Montoro dio permiso para intervenir las comunicaciones telefónicas de cuatro investigados durante 42 días, dentro de la investigación por supuesta corrupción y otras irregularidades.
Las escuchas se suspendieron en enero de 2022 tras un recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción. La Audiencia de Tarragona aceptó este recurso y ordenó la interrupción de las intervenciones, al considerar que en esa fase del proceso no estaba suficientemente justificada su necesidad.
Esta resolución judicial cambió el rumbo de la instrucción del caso, que investiga posibles delitos relacionados con la administración pública del Ayuntamiento de Montoro. Inicialmente vista como una medida esencial para obtener datos relevantes, finalmente fue descartada por tribunales superiores por cuestiones de legalidad procesal.
