El juez José Luis Calama se pone al frente de las pesquisas tras detectarse que los 53 millones de euros del rescate público podrían haberse empleado para blanquear fondos relacionados con la corrupción venezolana.
La aerolínea Plus Ultra vuelve a estar en el foco de atención en la Audiencia Nacional. El magistrado José Luis Calama ha confirmado su competencia para llevar a cabo la instrucción de la causa relacionada con el controversido rescate de la compañía, luego de que un juzgado de instrucción de Madrid se inhibiera, considerando que el asunto presenta implicaciones internacionales y delitos más graves que los inicialmente previstos.
De una ayuda pública a una investigación por blanqueo de capitales
El caso, que empezó siendo un examen sobre la legalidad de una ayuda pública de 53 millones de euros otorgada por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), ha evolucionado hacia una causa por supuesto blanqueo de dinero a gran escala.
Durante 2024, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detectaron indicios que apuntan a que los fondos no se destinaron únicamente a mantener la viabilidad de la aerolínea. Según las investigaciones, estos recursos podrían haberse empleado para blanquear capitales vinculados a la corrupción en Venezuela, país con el cual la aerolínea mantiene fuertes lazos operativos.
Registro policial y detenciones en la directiva
En diciembre de 2025, el caso experimentó un avance relevante tras una operación de la UDEF que afectó a la estructura directiva de la empresa:
- Detenciones principales: Fueron arrestados y después liberados el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, el consejero delegado, Roberto Roselli, un abogado y el empresario Javier Martínez Martínez.
- Registros en la sede corporativa: Se incautó una gran cantidad de documentación fiscal en las oficinas centrales, cuyo análisis ha revelado que la complejidad de la trama excede la competencia de un juzgado común.
Calama asume la instrucción y declara el secreto sumarial
El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, sustituye al magistrado Ismael Moreno, quien decidió no participar en el caso. En su primer auto, Calama adoptó dos medidas clave:
- Solicitar formalmente el traslado de todas las diligencias al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.
- Ordenar el mantenimiento del secreto sobre las actuaciones, una medida destinada a preservar la investigación y evitar la destrucción de pruebas mientras se examinan las conexiones internacionales de la red.
Con esta actuación, se reactiva una causa que había sido archivada inicialmente por la justicia madrileña, pero que toma nuevo impulso al vincular los fondos públicos con posibles flujos de dinero ilícito procedentes del extranjero.
