La Audiencia Nacional ha impuesto una serie de medidas cautelares a los tres exintegrantes de ETA que han sido liberados antes de cumplir íntegramente sus condenas. Estas disposiciones, aplicadas de manera uniforme a cada uno, comprenden 12 reglas que deben seguirse de forma estricta durante el periodo de libertad condicional.
Entre las principales limitaciones figura la prohibición de ausentarse de la localidad de residencia sin la autorización previa de la autoridad judicial, así como la restricción para conceder entrevistas a medios de comunicación. Estas medidas pretenden prevenir cualquier tipo de apología del terrorismo o perturbación del orden público.
Además, las condiciones exigen la presentación periódica ante los órganos judiciales, prohíben la reincidencia en delitos y evitan el contacto con víctimas del terrorismo o antiguos miembros de la organización.
La anticipada puesta en libertad se fundamenta en la evaluación de factores como la colaboración con la justicia, el arrepentimiento demostrado y el compromiso con la legalidad vigente. No obstante, las autoridades enfatizan que la libertad concedida está condicionada al estricto cumplimiento de las normas, cuyo incumplimiento puede ocasionar el retorno inmediato a prisión.
