La Audiencia Nacional ha emitido una sentencia significativa en la investigación por el Caso Púnica, condenando a 29 personas, entre ellas el empresario David Marjaliza y seis exalcaldes de varias localidades de la Comunidad de Madrid, por la manipulación de contratos públicos destinados a la empresa Cofely a cambio de comisiones ilegales.
Los hechos ocurrieron entre 2012 y 2014, durante los cuales se otorgaron de manera irregular contratos para proyectos de eficiencia energética en distintos ayuntamientos madrileños. Según la sentencia, los responsables políticos y técnicos municipales facilitaban estas adjudicaciones a cambio de pagos no justificados, obsequios y otras ventajas económicas.
Principales sentencias
David Marjaliza, reconocido como uno de los líderes principales de la red, fue condenado a 8 años y 2 meses de prisión por delitos que incluyen organización criminal, fraude a la Administración, prevaricación, cohecho y falsedad documental. El tribunal consideró atenuantes como su colaboración, la reparación del daño causado y las demoras indebidas en el proceso judicial.
Varios directivos de Cofely, incluidos exresponsables de la empresa, recibieron condenas superiores a seis años de cárcel. Asimismo, la compañía fue multada con sanciones económicas importantes debido a su implicación directa en los hechos.
Exalcaldes sancionados
Entre los exalcaldes condenados se encuentran representantes municipales de diferentes formaciones políticas, quienes recibieron penas de prisión y períodos de inhabilitación:
- José María Fraile, exalcalde de Parla: 2 años de prisión.
- Carlos Alberto Estrada, exalcalde de Moraleja de Enmedio: 4 años y medio de prisión.
- Agustín Juárez, exalcalde de Collado Villalba: 4 años y medio de prisión.
- Daniel Ortiz, exalcalde de Móstoles: 3 años de prisión.
- Antonio Sánchez Fernández, exalcalde de Serranillos del Valle: 3 años de prisión.
- Gonzalo Cubas, exalcalde de Torrejón de Velasco: 3 años de inhabilitación.
Por otra parte, algunos exalcaldes investigados en esta parte del caso resultaron absueltos al no demostrarse su implicación en las irregularidades.
Una estructura organizada y mantenida en el tiempo
La resolución judicial describe la conducta de los acusados como la de una organización criminal estable y estructurada, creada con el objetivo de manipular los procesos de contratación pública y obtener beneficios económicos ilícitos de forma sistemática.
Con este veredicto, la Audiencia Nacional concluye una de las investigaciones más relevantes del Caso Púnica, que durante años ha desvelado prácticas corruptas en ámbitos de la administración local y autonómica.
