Claudio Rivas, empresario señalado como presunto colaborador de Víctor de Aldama en el caso denominado Hidrocarburos, ha sido imputado junto a otras 21 personas por su presunta implicación en un fraude fiscal superior a 70 millones de euros en el sector de los hidrocarburos durante el periodo 2016-2018.
Esta investigación es independiente del procedimiento más conocido que llevó a Rivas y Aldama a prisión preventiva por una supuesta defraudación de 182,5 millones de euros en el IVA entre 2022 y 2024, relacionado con la compañía Villafuel y dirigido por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional.
En esta causa, el magistrado Antonio Piña ha emitido un auto para llevar a procedimiento abreviado —equivalente a procesamiento— a Rivas y a los demás acusados, señalando indicios suficientes para juzgarlos por delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los ejercicios de 2016, 2017 y 2018, así como por falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La supuesta maniobra delictiva habría sido desarrollada a través de la empresa SKT OIL, utilizando facturas falsas expedidas por compañías inactivas o inexistentes con el fin de aumentar de forma ficticia el IVA soportado deducible. El instructor indica que un método similar se habría aplicado también mediante la empresa OWTRA OIL.
Según la resolución judicial, el fraude asciende presuntamente a 13,8 millones de euros en 2016, 35,2 millones en 2017 y 14,6 millones en 2018 a través de SKT OIL, y en OWTRA OIL, la cantidad presuntamente defraudada alcanzaría los 7,2 millones en 2018.
El auto propone que 16 sociedades mercantiles sean consideradas responsables civiles subsidiarias, y que cinco individuos se presenten como partícipes a título lucrativo. Además, se detalla la supuesta ocultación y posterior introducción en el circuito económico de los beneficios ilícitos obtenidos.
Entre los bienes adquiridos con presuntos fondos del fraude se encuentran inmuebles como una vivienda y una finca en Valdemoro (Madrid), seis apartamentos en Benidorm (Alicante), un local comercial en Madrid valorado en 1,6 millones de euros y un edificio con 45 viviendas, comprado en 2018 por 1,6 millones y vendido cuatro años después por 2,7 millones.
Este procedimiento se suma a otras dos causas abiertas contra el empresario en la Audiencia Nacional, todas relacionadas con supuestos fraudes en el sector de los hidrocarburos cometidos entre 2016 y 2024.
