El arresto de Nicolás Maduro el 3 de enero marcó un cambio significativo en el panorama político de Venezuela. Estados Unidos llevó a cabo una operación militar llamada «Resolución absoluta» con el objetivo de desarticular el régimen chavista y eliminar a uno de sus principales opositores. Esta acción causó diversas reacciones tanto a nivel internacional como dentro de Venezuela, donde muchas personas aún enfrentan las repercusiones de esta intervención.
El expresidente Donald Trump declaró que permanecería al mando del país hasta que se estableciera una transición democrática adecuada, una declaración que ha generado múltiples interpretaciones sobre sus verdaderas intenciones. Aunque el gobierno estadounidense justificó la operación alegando la lucha contra el narcotráfico, sus intereses principales parecían estar centrados en el extenso potencial petrolero venezolano, considerado uno de los mayores del mundo.
En este contexto, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada en medio de la crisis. A pesar de su designación oficial, algunos analistas consideran que la verdadera influencia podría residir en Estados Unidos, lo que convertiría la realidad política venezolana en un protectorado alineado con los intereses de Washington.
No obstante, la situación interna presenta gran incertidumbre para la población. La reorganización del chavismo busca mantener el control a través de lealtades, pero numerosos altos cargos continúan en sus posiciones, lo que genera dudas sobre el respeto futuro a los derechos humanos y la democracia.
La ausencia de María Corina Machado, líder opositora reconocida que no ha sido tomada en cuenta por Trump, añade complejidad. No obstante su apoyo a las acciones de EE. UU., su rol en los planes políticos es limitado, reflejando su escaso poder en el actual entramado político.
El interés estadounidense en el sector petrolero es claro, con esfuerzos para reformar el marco legal venezolano en esta materia. Esto se ha traducido en acuerdos recientes que habilitan la venta de petróleo a Estados Unidos y modificaciones a normativas previas, impulsando potenciales inversiones, un tema recurrente desde la nacionalización del petróleo en los años setenta.
Con el aumento de la presión política, se han visto señales de un posible cambio en la situación de los presos políticos. La propuesta de amnistía general presentada por Delcy Rodríguez, aunque recibida con escepticismo por algunos expertos, sugiere un intento de reducir tensiones y responder a las demandas internacionales sobre derechos humanos.
En el largo plazo, la recuperación de Venezuela y su transición hacia un sistema democrático dependen tanto de la voluntad de sus dirigentes como de la presión internacional y la capacidad de movilización ciudadana frente a un futuro incierto. Las dinámicas de poder indican que, sin un compromiso auténtico con una democracia participativa y transparente, la libertad y justicia esperadas por los venezolanos podrían permanecer como aspiraciones lejanas.
