La familia Pujol ha pedido que se anule el juicio en su contra por presuntos delitos fiscales y de corrupción, argumentando que algunas pruebas se obtuvieron mediante “maniobras ilegales” vinculadas a la denominada Operación Cataluña.
Según los abogados defensores, las autoridades españolas habrían llevado a cabo procedimientos irregulares para obtener datos bancarios en Andorra sin respetar los canales legales establecidos. Entre estas supuestas irregularidades, mencionan la presión ejercida sobre entidades financieras del Principado y el uso de información recabada fuera de los procedimientos judiciales oficiales.
El equipo legal también cuestiona la declaración de Victoria Álvarez, examante de Jordi Pujol Ferrusola, cuyo testimonio fue fundamental para el inicio de la investigación. Afirman que su testimonio estuvo influenciado por intereses policiales y políticos, lo que, en su opinión, deslegitima su aporte al caso.
La Audiencia Nacional debe ahora analizar la solicitud y determinar si los argumentos presentados son suficientes para modificar el curso del proceso judicial. Mientras tanto, el caso Pujol continúa siendo uno de los asuntos más controvertidos relacionados con la presunta corrupción en Cataluña.
