La detención de Vicente Fernández Guerrero por supuestas irregularidades en contratos públicos ha incrementado la presión sobre el holding estatal, la SEPI. El temor a enfrentar responsabilidades judiciales por el uso inapropiado de fondos públicos está bloqueando las dos operaciones principales de la entidad: la inyección de capital en Talgo y el rescate pendiente de Duro Felguera, que ya experimentaban retrasos debido al precedente del Caso Air Europa.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) atraviesa una crisis de confianza que puede frenar sus decisiones estratégicas. Según fuentes próximas al organismo, tras la detención de Fernández ha aumentado la reticencia entre sus directivos a tomar decisiones, motivada por el miedo a una posible mala gestión de recursos públicos.
Este temor existía ya por las causas judiciales anteriores, en particular el procedimiento abierto a raíz del rescate a Air Europa durante la pandemia, pero la detención del ex presidente de la SEPI ha agravado la situación, provocando demoras en las operaciones en curso.
Talgo: operación con OPA forzosa y ayudas públicas
La entrada de la SEPI en el capital de Talgo es el ejemplo más destacado. La entidad estatal se ha comprometido a aportar 75 millones de euros, repartidos en 45 millones en capital y 30 millones en deuda convertible, para completar la participación de un consorcio vasco liderado por Sidenor.
Sin embargo, la operación presenta varios desafíos:
- Ayuda de Estado: La Comisión Europea podría considerar la aportación pública a una empresa con pérdidas como una ayuda estatal ilegítima.
- OPA obligatoria: La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) debe decidir si existe concertación entre la SEPI y el consorcio vasco que adquirirá el 29,7% de Talgo, lo que podría implicar la obligación de lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el total de la compañía ferroviaria.
Todo esto ocurre a pesar de que la operación fue previamente acordada en una reunión en Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales.
Duro Felguera, cerca de un concurso de acreedores
La detención de Fernández también pone en peligro la recuperación de la empresa asturiana Duro Felguera. Aunque el Juzgado de Gijón aprobó un plan de reestructuración para evitar la quiebra, ocho acreedores lo han impugnado, lo que podría llevar a la compañía al concurso de acreedores.
El papel de la SEPI es fundamental, ya que la empresa necesita autorización de Bruselas para reducir los intereses vinculados a los 120 millones de euros concedidos en el rescate durante la pandemia. La ampliación de los plazos de devolución hasta 2032 genera una carga financiera insostenible que podría superar el principal del crédito.
Esta flexibilización podría ser cuestionada judicialmente como un uso inadecuado de fondos públicos. La paralización de esta medida por el temor a litigios implicaría probablemente el concurso de acreedores para Duro Felguera.