La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana publicó este lunes, 9 de marzo de 2026, un informe fundamental en el que indica que, en la actualidad, no existen pruebas o indicios suficientemente sólidos que permitan la imputación del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión durante la catástrofe ocurrida el 29 de octubre de 2024.
El TSJCV decidirá el desarrollo del proceso judicial
Tras la revisión del informe presentado por la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra —quien sí observa indicios de posible responsabilidad penal en Mazón—, el Ministerio Fiscal ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que remita el caso al juzgado de instrucción inicial.
A pesar de esta pausa, la Fiscalía mantiene una actitud prudente:
- Posible responsabilidad futura: El informe reconoce que, a medida que avance la investigación, podrían surgir documentos o testimonios que evidencien que Mazón impartió órdenes erróneas durante la emergencia.
- Retorno a la instrucción inicial: Se plantea que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja prosiga con las diligencias antes de que la causa sea evaluada por una instancia superior.
Posturas de defensa y acusación
Concluido el plazo para presentar alegaciones, el escenario judicial presenta diversos planteamientos:
- Salomé Pradas: La representación legal de la exconsellera de Justicia e Interior ha pedido el archivo libre de su caso. Sin embargo, ha señalado que, en caso de que el TSJCV decida investigar a Mazón, este tribunal debería asumir inmediatamente la totalidad del procedimiento.
- Emilio Argüeso: El exsecretario autonómico de Emergencias, también investigado, ha solicitado que el TSJCV se haga cargo de toda la investigación si se acepta el caso contra el expresidente.
- Acusación Popular: La Associació Víctimes de la dana 29 de octubre ha solicitado una medida poco común: que el TSJCV no aplique el aforamiento a Mazón para que sea investigado directamente por el juzgado ordinario de Catarroja.
Contexto: La investigación judicial sobre la gestión de la emergencia, que causó la muerte de 230 personas, continúa con el objetivo de determinar si se produjo alguna negligencia penal en la cadena de mando de la Generalitat.
