La Fiscalía ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en relación con uno de los casos judiciales más relevantes recientemente. La petición busca anular la sentencia emitida por el Tribunal Supremo que condenó al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos.
Detalles de la condena
La resolución del Tribunal Supremo, dictada con el voto favorable de cinco magistrados frente a dos en contra, impuso a García Ortiz:
- Dos años de inhabilitación para ejercer como Fiscal General.
- Una multa de 7.200 euros.
El tribunal determinó que García Ortiz cometió un delito al divulgar información confidencial relacionada con la investigación de un presunto fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Argumentos de la Fiscalía
En línea con la dirección marcada por la actual fiscal general, Teresa Peramato, el Ministerio Público sostiene que la sentencia del Supremo carece de fundamento jurídico adecuado. En su recurso, la Fiscalía alega que se han vulnerado derechos fundamentales del ex fiscal general, destacando principalmente:
- Presunción de inocencia: Se señala que no hubo pruebas suficientes para acreditar la intención criminal de revelar secretos.
- Derecho a un proceso con todas las garantías: Se argumentan irregularidades procesales durante el trámite del caso en la instancia suprema.
«La sentencia infringe derechos fundamentales esenciales que deben ser resguardados por el máximo intérprete constitucional», indicó la Fiscalía en su comunicado.
Contexto del caso
El conflicto tiene su origen en una nota de prensa difundida por la Fiscalía que detallaba aspectos de la negociación entre González Amador y Hacienda. Mientras el Tribunal Supremo consideró esta acción como una filtración ilegal de datos reservados, la defensa de García Ortiz junto con la cúpula fiscal actual sostienen que se trató de un ejercicio de transparencia informativa para aclarar informaciones falsas difundidas en los medios.
Actualmente, la decisión corresponde al Tribunal Constitucional, que deberá evaluar si admite a trámite el recurso y si revoca una condena que ha generado un precedente importante y polémico en el ámbito judicial español.
