La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un recurso contra la concesión del tercer grado penitenciario al exmiembro de ETA, Asier Arzalluz Goñi, quien fue condenado por varios atentados, incluyendo el asesinato del periodista José Luis López de Lacalle en Andoain (Guipúzcoa) el 7 de mayo de 2000.
Carlos García Berro, coordinador de vigilancia penitenciaria del Ministerio Público, ha impugnado la resolución adoptada por la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco que otorgó la semilibertad a Arzalluz, alias Santi, Epeta y Sendoa dentro de la organización. Está previsto que cumpla su condena hasta octubre de 2030.
El colectivo de víctimas del terrorismo Covite calificó el tercer grado como “fraudulento”, indicando que el preso mantiene vínculos activos con el entorno de la izquierda abertzale.
Según la Fiscalía, la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que posibilita flexibilizar el régimen de cumplimiento e incluye salidas para trabajar o hacer voluntariado, debe evaluarse durante un periodo suficientemente largo para valorar su efectividad. La experiencia indica que su aplicación requiere observación prolongada para comprobar resultados concretos y una evolución estable.
Reconocimiento y avances en el tratamiento penitenciario
La Fiscalía reconoce que se ha considerado que Arzalluz ha expresado arrepentimiento ante las víctimas y asumido la responsabilidad por los hechos que motivaron su condena, así como el daño causado por ETA. Sin embargo, recuerda que el Tribunal Supremo exige que la evolución en el tratamiento penitenciario sea consistente en el tiempo.
El alto tribunal establece que los progresos deben derivar de un proceso consolidado, descartando avances basados en periodos recientes y breves de aplicación del artículo 100.2. En este sentido, la Fiscalía apunta que un lapso de tres o cuatro meses no acredita estabilidad ni permite constatar cambios sólidos en casos de especial gravedad.
Arzalluz ingresó en prisión el 10 de noviembre de 2009 y cumple una condena acumulada de 30 años por su implicación en varios atentados, incluido el asesinato de López de Lacalle —por el que fue sentenciado en 2024— y el asesinato de dos guardias civiles en Sallent de Gállego (Huesca).
