La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Tribunal Supremo que decrete prisión provisional sin fianza para el exasesor ministerial Koldo García, alineándose con las solicitudes de las acusaciones populares encabezadas por el PP. Esta petición se basa en el riesgo de fuga vinculado al próximo juicio por la supuesta trama de corrupción relacionada con la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19.
Alejandro Luzón, jefe de Anticorrupción, ha revisado la estrategia inicial del Ministerio Público, que hasta ahora se inclinaba por medidas cautelares menos severas. Esta solicitud se realiza después de que el Tribunal Supremo decidiera juzgar a García por presuntamente recibir comisiones ilegales a cambio de otorgar contratos a la empresa Soluciones de Gestión.
Las acusaciones populares ya habían pedido el ingreso en prisión para el exasesor hace aproximadamente un mes, y ahora, con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, esta demanda cobra mayor relevancia. La Fiscalía fundamenta su solicitud en la “elevada petición de pena”, que asciende a 19 años y medio de cárcel por posibles delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada.
Por su parte, las acusaciones populares solicitan hasta 30 años de prisión, atribuyéndole además delitos de prevaricación y falsedad documental, y una multa de 3,9 millones de euros. En ambos casos, el principal motivo para pedir prisión sin fianza es el riesgo de fuga dado la gravedad de las penas solicitadas.
Hasta la fecha, García seguía en libertad con medidas cautelares que incluían la retirada del pasaporte, prohibición de abandonar el país y comparecencias judiciales quincenales. El magistrado Leopoldo Puente ha aplazado la declaración del exasesor para que su defensa pueda estar presente en la comparecencia de Víctor de Aldama, empresario clave en la investigación, prevista para hoy en la Audiencia Nacional.
El procedimiento investiga la supuesta obtención de comisiones por parte de García a cambio de la concesión de contratos para suministrar material sanitario a Soluciones de Gestión. La defensa ha recurrido el procesamiento, rechazando cualquier vínculo contractual con esa empresa y alegando indefensión y nulidad en las actuaciones.
La pesquisa se ha ampliado gracias a la colaboración de Víctor de Aldama, cuya confesión ha revelado la existencia de una supuesta trama más amplia que incluiría adjudicaciones irregulares en obras públicas con implicación de otros altos cargos.
Paralelamente, la Fiscalía ha pedido igualmente prisión provisional sin fianza para el exministro José Luis Ábalos, frente a una petición de 24 años de cárcel formulada por el Ministerio Público.
