Un informe técnico elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de Medio Ambiente de la Guardia Civil calcula en 5,14 millones de euros el beneficio indirecto derivado del presunto uso ilegal de agua en una finca relacionada con la Casa de Alba, ubicada en las inmediaciones del Parque Nacional de Doñana. Esta explotación está siendo objeto de investigación judicial en Sanlúcar la Mayor.
El documento, al que ha tenido acceso EFE, fue incorporado al expediente que instruye el Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor, Sección Civil y de Instrucción, en el contexto de la operación denominada ‘Irrigatio’. El estudio se centra en valorar económicamente el impacto ambiental causado por la extracción subterránea de agua en la finca Aljóbar, situada en Aznalcázar, provincia de Sevilla.
Cuantificación total que alcanza hasta 6,27 millones
Aparte del beneficio indirecto estimado, el informe establece que la valoración económica total vinculada a la posible extracción ilegal de agua oscila entre 5,87 y 6,27 millones de euros. Destaca la importancia del acuífero afectado, ya que está conectado hidráulicamente con el sistema Almonte-Marismas y con el aluvial del río Guadiamar, fundamentales para el ecosistema de Doñana.
Este estudio técnico, que fue ratificado judicialmente por sus autores, se realizó a petición de la Fiscalía para desglosar específicamente el importe referido como “beneficio indirecto obtenido por el agricultor por cultivo y hectárea”, según fuentes oficiales del proceso.
Para alcanzar la cifra de 5,14 millones de euros, los peritos multiplicaron la cantidad de fruta cosechada —principalmente cítricos regados entre 2014 y 2024— por su valor de mercado y luego descontaron los costos de producción, que se estiman en alrededor del 25 %. Además, se consideró que desde 2021 una parte de los naranjos fue sustituida por olivos, aplicando criterios conservadores para la estimación.
Evaluación del daño ambiental
En cuanto al impacto sobre el ecosistema, el informe identifica tres elementos para evaluar el daño:
- Valor del agua extraída, que se calcula entre 468.275 y 814.896 euros.
- Costes asociados a la rehabilitación ambiental, estimados en 201.489 euros.
- Pérdida de servicios ecosistémicos, que corresponde al valor del agua ya no disponible para otros usos, valorada entre 62.539 y 113.353 euros.
La suma de estos conceptos sitúa el daño ambiental total en un rango que va de 732.304 a 1.129.739 euros. Incorporando esta cifra al beneficio calculado por el uso ilícito del agua, la cuantificación global oscila entre 5,87 y 6,24 millones de euros.
El informe también señala que el acuífero presenta un índice de explotación del 0,91 % y ha sufrido una disminución considerable en sus niveles durante los últimos cinco años. Según la UCO de Medio Ambiente, esta situación ha provocado daños relevantes en el ecosistema, que podrían ser irreversibles y afectar negativamente a la conservación de los hábitats y especies.
Progresos en la investigación judicial
Dentro del proceso judicial, el 18 de septiembre fue citado como investigado el representante legal de la empresa Eurotécnica Agraria, que administra la finca. Dicha sociedad incluye en su consejo de administración a los hermanos Cayetano, Eugenia, Fernando José y Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg.
El representante legal ejerció su derecho a no declarar en relación con los pozos que presuntamente carecen de autorización administrativa. Por su parte, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, nieto de la duquesa de Alba, declaró el 20 de febrero que se ha comenzado el proceso de regularización de los pozos investigados tras la denuncia presentada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
