La magistrada Beatriz Biedma concluye la instrucción del proceso contra David Sánchez, quien está acusado junto a otros diez investigados de presunta prevaricación y tráfico de influencias. Ahora la Audiencia decidirá si se abre juicio oral.
La juez Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, ha cerrado la investigación judicial relacionada con el músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ha remitido el caso a la Audiencia Provincial de Badajoz para que esta determine si procede iniciar un juicio oral. Se trata del final de una instrucción compleja que la propia Audiencia ha calificado como “brillante” en sus decisiones previas.
La clausura de la instrucción tuvo lugar este martes tras la desestimación del último recurso presentado por la defensa de David Sánchez, que solicitaba la exclusión de más de 8.000 correos electrónicos intervenidos en la investigación y el archivo del caso. La magistrada rechazó ambas peticiones, al igual que hizo con las defensas de otros implicados, entre ellos Luis Carrero, exasesor de Moncloa, quien presuntamente obtuvo un puesto en la Diputación de Badajoz tras la incorporación de Sánchez a la entidad provincial en 2017.
El caso comenzó en mayo de 2024 a partir de una denuncia del sindicato Manos Limpias, tras una investigación publicada por El Debate. Inicialmente se trataba de un trámite preliminar que se convirtió en una instrucción de mayor alcance. La juez Biedma ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el acceso a los correos electrónicos de los investigados debido a las demoras de la Diputación para facilitar la documentación. En los mensajes analizados se encontraron referencias al “hermanísimo” en la fecha de publicación de las bases del concurso público que posibilitó la contratación de Sánchez, lo que fortaleció las sospechas de irregularidades.
Durante la investigación, también se produjeron tensiones institucionales. La fiscal encargada del caso, que en un principio apoyó las decisiones judiciales, posteriormente modificó su postura y se opuso a algunas actuaciones de la instructora. Varios candidatos a la plaza denunciaron supuestas irregularidades en el proceso de selección ante la Fiscalía, sin recibir respuesta; dichas denuncias quedaron registradas en sede judicial. Además, el intento del entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por obtener aforamiento parlamentario en plena investigación fue considerado por la juez y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura como una maniobra realizada “en fraude de ley”.
La causa se cierra con once personas procesadas por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Será la Audiencia Provincial la encargada de revisar todo el expediente y decidir si procede la apertura de juicio oral. Según fuentes jurídicas, en caso de juzgamiento, este podría no celebrarse hasta el 2026, debido a la carga de trabajo del tribunal.
Por otro lado, Moncloa ha confirmado que asumió los gastos del hermano del presidente durante su etapa vinculada al cargo que desempeñó en la Diputación de Badajoz, aunque no ha ofrecido detalles sobre la cuantía o los conceptos pagados.
Con la remisión del procedimiento, la juez Beatriz Biedma da por finalizada una instrucción que ha sido seguida con gran atención política y mediática desde su inicio, y cuya solidez jurídica ha sido reiteradamente respaldada por la Audiencia Provincial.
