La investigación judicial relativa a la DANA del 29 de octubre de 2024 avanza en el ámbito jurídico-administrativo. La juez a cargo del procedimiento ha solicitado oficialmente a la Abogacía de la Generalitat que aclare si durante la gestión de la emergencia el Gobierno valenciano realizó alguna consulta, ya sea oral o por escrito.
El objetivo es establecer si existió respaldo legal o asesoramiento jurídico antes o durante las decisiones, o la ausencia de ellas, de ese día en el que fallecieron 230 personas.
Puntos principales de la nueva diligencia judicial
La magistrada focaliza su atención en Cayetano García, quien entonces era secretario autonómico de Presidencia. Los requerimientos son:
- Consultas desde Presidencia: Confirmar si García solicitó a la Abogacía que emitiera alguna «valoración jurídica» en tiempo real durante la emergencia.
- Derivación al 112 del País Vasco: La DAEM del Gobierno Vasco ha sido requerida para que proporcione un informe y las grabaciones de llamadas recibidas del 112 de la Comunitat Valenciana en esa jornada, con el fin de analizar el grado de colapso y la respuesta en la gestión de la ayuda.
- No investigación de contactos políticos: La jueza ha rechazado indagar en las llamadas y mensajes de WhatsApp entre el Lehendakari y el entonces President Carlos Mazón, argumentando que ocurrieron fuera del periodo crítico para la toma de decisiones.
Borrado de las grabaciones en el Palau
En relación con la petición de Compromís sobre la eliminación de imágenes de seguridad del Palau de la Generalitat, la magistrada ha decidido no citar a la jefa de Servicios. Esto se fundamenta en que la obtención de dichas imágenes resulta actualmente «irrelevante» por dos motivos:
- Testigos declarantes: Está previsto que presten declaración escoltas, chóferes y personal del Palau que pueden testificar sobre los movimientos y comentarios de Mazón tras su llegada.
- Cronología consolidada: La jueza considera coherente el tiempo transcurrido desde la comida con la periodista Maribel Vilaplana hasta la llegada al centro de mando, independientemente del contenido que hubieran mostrado las cámaras.
Análisis de la investigación
Esta etapa pretende esclarecer la responsabilidad de Salomé Pradas, entonces consellera de Justicia e Interior, y evaluar el papel de la dirección de la Generalitat en las horas en las que debían tomarse decisiones para proteger a la población.
