La magistrada confirma la existencia de «claros indicios» sobre un fraude superior a 350.000 euros a Hacienda, mientras la Fiscalía pide una condena de 3 años y 9 meses de prisión.
La jueza del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha ratificado el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras considerar suficientes indicios de fraude fiscal y falsedad documental.
Rechazando el recurso de la defensa, el auto judicial señala que se imputan gastos ficticios a través de facturas falsas con la supuesta finalidad de defraudar a la Agencia Tributaria un total de 350.951 euros durante 2020 y 2021.
El auto, al que tuvo acceso EFE, se sustenta en informes de Hacienda y un amplio conjunto documental recopilado por peritos independientes, que evidencian un análisis detallado de las posibles irregularidades fiscales cometidas por González Amador y otros cuatro empresarios también procesados.
La magistrada destaca que se han probado tanto elementos objetivos como subjetivos de los delitos atribuidos, recordando que la utilización de facturas falsas para deducir gastos inexistentes se encuadra en los delitos de fraude fiscal y falsedad documental.
Ante estos hechos, la Fiscalía solicita para González Amador una pena de 3 años y 9 meses de prisión.
Paralelamente, González Amador continúa siendo investigado en una causa separada por presunta corrupción relacionada con negocios con la empresa Quirón Prevención. En este caso, las acusaciones populares, representadas por Más Madrid y el PSOE, sostienen que se habría realizado un pago encubierto cercano a medio millón de euros a la esposa de un directivo de dicha empresa, circunstancia que también está bajo escrutinio judicial.
En su resolución, la jueza ha rechazado nuevas diligencias solicitadas por la defensa, considerando que carecen de necesidad en esta fase procesal, y ha recordado que podrán proponerse durante el juicio. Además, señala que González Amador se acogió a su derecho a no declarar en febrero y no volvió a solicitar declarar posteriormente.
El procedimiento continúa abierto y a la espera de juicio, con el entorno de la presidenta madrileña aún bajo observación mediática y política.
