El Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires ha dispuesto el decomiso de 20 bienes inmuebles y un monto histórico de dinero a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y otros implicados en la causa ‘Vialidad’. Esta diligencia alcanza un total de 684.990 millones de pesos argentinos (aproximadamente 422 millones de euros) para recuperar el beneficio ilícito obtenido por administración fraudulenta.
La Justicia argentina impacta sobre el patrimonio de Cristina Kirchner
El sistema judicial argentino ha avanzado en la implementación de la sentencia del caso emblemático «Vialidad», que sentenció a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) a seis años de prisión y a la inhabilitación permanente por administración fraudulenta contra el Estado. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) resolvió este martes el decomiso y la confiscación de propiedades y activos financieros relacionados con los condenados, incluyendo a la exmandataria y su familia.
Esta medida representa una incautación sin precedentes, con un total actualizado de 684.990 millones de pesos argentinos, equivalente a más de 422 millones de euros (cerca de 480 millones de dólares). La suma fue calculada para cubrir las pérdidas y la sobrevaloración derivadas del direccionamiento de 51 licitaciones de obras viales al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Las 20 propiedades incluidas en la confiscación a la familia Kirchner
El decomiso afecta el patrimonio de la familia Kirchner-Fernández. La orden judicial dispone la incautación de 20 inmuebles pertenecientes a la expresidenta y a sus hijos.
- Bienes a nombre de la expresidenta: Un inmueble registrado directamente a nombre de Cristina Fernández de Kirchner.
- Propiedades heredadas: Las otras 19 propiedades están inscritas a nombre de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, quienes las recibieron tras el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner.
La resolución judicial también alcanza a otros acusados en la causa, como el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el principal favorecido por la red de corrupción, Lázaro Báez, quien tendrá que entregar más de 80 propiedades vinculadas a las empresas implicadas, entre ellas Austral Construcciones.
El tribunal ordenó inscribir la sentencia en el Registro de la Propiedad para formalizar la inmovilización de los bienes hasta que la condena sea definitiva, recordando que la sentencia contra CFK fue ratificada por la Corte Suprema en junio pasado.
La fundamentación del tribunal: «Recuperar el beneficio ilícito»
El TOF 2 explicó que los fondos y activos confiscados constituyen, conforme probado, el «provecho del delito», y que su recuperación es esencial para reparar el daño económico causado al Estado argentino.
Esta decisión se adoptó a pesar de que Cristina Fernández objetó la medida, alegando que la mayoría de los bienes fueron adquiridos por su familia antes de los hechos investigados en la causa «Vialidad».
No obstante, los magistrados determinaron que esta acción penal se inscribe en la tradición jurídica argentina que busca evitar que los delitos generen beneficios y neutralizar las consecuencias patrimoniales de conductas ilegales, otorgando una «función reparadora del daño social causado» por la administración fraudulenta.
Actualmente, Cristina Fernández cumple la condena de seis años de prisión domiciliaria en su vivienda del barrio de Recoleta, Buenos Aires, y está inhabilitada de forma permanente para ejercer cargos públicos.
