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La justicia reabre la investigación contra Miguel Ángel Rodríguez por supuesta filtración de secretos a periodistas

La Audiencia de Madrid ha dispuesto iniciar una investigación sobre el jefe de gabinete de Ayuso tras la posible difusión de datos personales y fotografías de dos periodistas que analizaban el entorno de la presidenta regional.

En un giro judicial relacionado con la Comunidad de Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid decidió el martes 3 de marzo reabrir el proceso contra Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, para examinar una posible infracción vinculada a la revelación de secretos.

La Sección Quinta de la Audiencia anuló la resolución de archivo emitida hace casi un año por el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, ordenando a la jueza encargada que acepte a trámite tanto la denuncia presentada por el PSOE como la querella de los dos periodistas afectados del diario El País.

Los hechos: identificación policial y difusión en chats

El asunto tiene su origen en la divulgación de información sensible relacionada con dos periodistas que investigaban el entorno de la presidenta. Según la denuncia, Rodríguez habría compartido en un chat grupal:

  1. Los nombres completos de los reporteros.
  2. Una fotografía de ambos.
  3. Datos derivados de una identificación policial previa.

Los jueces de la Audiencia subrayan en su auto la importancia de esclarecer cómo, cuándo y por qué la información sobre los periodistas llegó al querellado y si realmente fue él quien la difundió.

El derecho a la información frente al poder

La resolución judicial representa un revés para la defensa de Rodríguez, que inicialmente logró el archivo del caso. No obstante, la Audiencia Provincial estima que existen indicios suficientes para investigar si el jefe de gabinete empleó información de acceso restringido con la intención de identificar o presionar a los profesionales de la prensa.

El tribunal enfatiza que el hecho de que los periodistas hayan sido identificados por la Policía no habilita a un funcionario público para divulgar su identidad y su imagen de manera privada o pública con el objetivo de desacreditarlos o exponerlos.

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