En un auto reciente, la jueza encargada del caso mantiene que en emergencias provocadas por lluvias intensas, la administración autonómica, y no la Confederación del Júcar, debe controlar los cauces.
La magistrada responsable de la instrucción sobre la gestión de la DANA que desencadenó graves inundaciones en la Comunidad Valenciana ha reiterado que la supervisión de los barrancos en situaciones de emergencia, como la del 29 de octubre de 2024, corresponde a la Generalitat Valenciana.
En su resolución, la jueza rechaza solicitudes de diligencias planteadas por una de las acusaciones, en particular, la petición de obtener de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) información detallada sobre el número, identidad y ubicación de los agentes movilizados durante la crisis. Según la magistrada, estas demandas no se ajustan al propósito principal del proceso, que es determinar posibles negligencias responsables de la pérdida de vidas, y considera que resultan redundantes o fuera del enfoque central.
Para fundamentar su postura, la jueza destaca que no se solicitó colaboración a un mando único durante la emergencia, lo que evidenciaría un fallo desde el inicio en la gestión de la crisis. Además, señala que atribuir la vigilancia a la CHJ es un “error gravemente difundido” que conduce a una acusación incorrecta de responsabilidades.
Según su interpretación del Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana, la vigilancia de barrancos implica movilizar numerosos recursos, incluyendo agentes medioambientales, bomberos, policías locales y Guardia Civil. Esta tarea, dado el relieve y la extensión de los cauces, sólo puede ser asumida eficazmente por una administración con conocimiento local.
La magistrada critica la “negligencia grave” por no haber empleado todos los recursos humanos disponibles para vigilar los barrancos durante la emergencia y lamenta que no se haya mantenido un control constante aun cuando el riesgo estaba activado. Considera que los investigados, entre ellos autoridades autonómicas, sabían que esas zonas son propensas a desbordamientos y tenían la obligación de desplegar los medios necesarios para su seguimiento.
El auto también hace referencia a grabaciones y documentos en los que técnicos habían advertido verbalmente en varias ocasiones sobre la necesidad de una vigilancia activa, indicaciones que, según la jueza, fueron desatendidas por los responsables con competencia operativa en la situación.
Con esta resolución, la magistrada reafirma su posición sobre que la Generalitat es la responsable principal del control en fenómenos extremos como la DANA, y cuestiona el papel desempeñado por otras entidades, como la CHJ, durante la emergencia.
